Este martes concluye el plazo de 60 días establecido en la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sin que las autoridades mexicanas hayan ejecutado la orden ni iniciado una investigación formal en su contra.
De acuerdo con la columna “Rocha, prófugo de EU y lo que viene de Washington”, del periodista Salvador García Soto, el Gobierno estadounidense podría declarar como prófugos de la justicia a Rocha Moya y a otros funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el grupo criminal de Los Chapitos, entre ellos el senador Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
La publicación señala que la petición de Washington se sustenta en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, el cual contempla la posibilidad de solicitar la detención provisional de una persona mientras se formaliza el proceso de extradición.
No obstante, el Gobierno de México ha sostenido que no existe un plazo legal para responder a dicha solicitud y ha reiterado que primero deben presentarse pruebas suficientes que respalden las acusaciones antes de proceder contra los funcionarios señalados.
Asimismo, se indica que la Fiscalía General de la República no ha abierto una carpeta de investigación relacionada con el caso, situación que, según el análisis, podría derivar en nuevas acciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, como la emisión de declaratorias de prófugo o incluso el ofrecimiento de recompensas para facilitar su captura.
La columna advierte que este escenario podría incrementar la tensión entre ambos países, en un contexto en el que la administración del presidente Donald Trump ha endurecido su postura contra los cárteles mexicanos y analiza nuevas estrategias de combate al crimen organizado.
En ese sentido, también se menciona la posibilidad de conformar una fuerza multinacional integrada por elementos de Colombia, El Salvador, Honduras y Ecuador, coordinada por Estados Unidos, para realizar operaciones contra organizaciones del narcotráfico en la región.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que cada nación debe atender sus propios desafíos en materia de seguridad y sostuvo que la cooperación entre México y Colombia debe mantenerse dentro de los mecanismos institucionales y de respeto a la soberanía de cada país.
