El senador de Morena y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, reaccionó a la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) haga públicas las pruebas que sustentan la investigación en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
A través de un mensaje en redes sociales, Corral afirmó que la detención lo sorprendió y aseguró que, pese a las diferencias políticas que mantuvo con Ruffo Appel, siempre lo ha considerado “una persona honesta, íntegra y un hombre de bien”.
El legislador señaló que desconoce el contenido de la investigación y precisó que no puede pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia del exmandatario, aunque expresó su confianza en que el Ministerio Público Federal cuenta con elementos sólidos para haber solicitado la orden de aprehensión.
No obstante, Corral subrayó que, debido a la trayectoria política de Ernesto Ruffo y al contexto que vive Baja California, es importante que las autoridades expliquen con claridad las acusaciones y las pruebas que dieron origen a la detención.
En su posicionamiento también hizo referencia a la situación política en Baja California, al señalar que el estado atraviesa un ambiente marcado por “contradicciones, absurdos y mentiras” que, según afirmó, son difundidas por la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila.
Las declaraciones del senador ocurren en medio de la polémica que enfrenta la mandataria estatal tras la difusión de audios atribuidos a ella, en los que presuntamente se plantea la entrega de información de seguridad a autoridades de Estados Unidos. Sobre ese caso, la gobernadora ha rechazado las acusaciones y el asunto continúa en el ámbito público y político.
Mientras tanto, la detención de Ernesto Ruffo también generó reacciones del Partido Acción Nacional (PAN) y de la organización Somos México, que solicitaron que el proceso se lleve a cabo con apego a la ley y cuestionaron las acusaciones formuladas en su contra.
Hasta el momento, la FGR mantiene abierta la investigación y, conforme al sistema de justicia penal mexicano, toda persona imputada se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
