Una jueza federal en Washington determinó que las directrices utilizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para realizar detenciones de migrantes sin orden judicial no cumplen con los estándares de causa probable exigidos por la ley, por lo que no deben ser tomadas como referencia operativa.
La jueza de distrito Beryl A. Howell sostuvo que las disposiciones actuales carecen de criterios suficientes para que los agentes puedan evaluar adecuadamente la conexión de una persona con su comunidad antes de considerarla como riesgo de fuga y proceder a su detención inmediata.
La resolución mantiene vigente una orden judicial preliminar emitida en diciembre, en el marco de una demanda presentada en 2025 por cuatro inmigrantes y una organización civil en Washington, quienes impugnaron la legalidad de detenciones realizadas durante operativos migratorios.
De acuerdo con el fallo, los lineamientos vigentes no proporcionan una base clara para sustentar arrestos sin orden judicial, lo que representa una deficiencia en su aplicación dentro de los procedimientos de control migratorio.
La jueza también autorizó el acceso a mayor documentación para esclarecer la implementación de estas políticas, aunque desestimó algunos argumentos de los demandantes al considerar que el gobierno ha cumplido parcialmente con la orden de medida cautelar previamente emitida.
En respuesta, el Departamento de Seguridad Nacional defendió la actuación del ICE, al señalar que los agentes cuentan con facultades legales para realizar detenciones basadas en sospecha razonable y causa probable, conforme a la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, además de afirmar que dichas prácticas han sido respaldadas por la Corte Suprema.
El caso continúa en desarrollo dentro del sistema judicial estadounidense, en medio del debate sobre los límites legales de las detenciones migratorias y el alcance de las autoridades federales en materia de inmigración.