Luisa María Alcalde Luján rechazó que desde el Gobierno Federal se haya elaborado o difundido una denominada “lista negra” de periodistas, luego de las críticas surgidas por la presentación de nombres, publicaciones y perfiles de comunicadores durante el espacio “Derecho de Réplica”.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Alcalde explicó que la información presentada corresponde a un análisis sobre el comportamiento de contenidos en plataformas digitales y la manera en que determinadas publicaciones pueden ser amplificadas mediante cuentas automatizadas.
“He visto algunas reacciones al programa de ayer de ‘Derecho de Réplica’. Hay quienes hablan incluso de que presenté una supuesta lista de periodistas enemigos del gobierno. No es el caso”, señaló.
De acuerdo con su explicación, el estudio analiza un proceso en el que una noticia, opinión o publicación generada originalmente por periodistas, medios de comunicación o actores políticos puede ser retomada por cuentas anónimas y posteriormente amplificada por redes de bots.
Alcalde enfatizó que la aparición de un periodista, medio de comunicación o político dentro del monitoreo no significa que esa persona participe, financie o tenga conocimiento de una eventual operación coordinada en redes sociales.
“Una noticia, una opinión o una publicación se puede emitir por un periodista, medio o político y eso no significa que esa persona o ese medio forme parte de ninguna operación”, puntualizó.
Asimismo, aseguró que el objetivo del análisis es identificar posibles mecanismos utilizados para modificar o influir artificialmente en la conversación pública digital, particularmente mediante cuentas automatizadas.
La funcionaria negó también que desde el Gobierno Federal se esté acusando a medios o comunicadores de financiar bots o trolls. Sin embargo, sostuvo que existen recursos destinados a este tipo de estrategias y consideró que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo funcionan estos fenómenos en internet.
Somos México expresa preocupación
Tras la polémica, Somos México manifestó su preocupación por la exposición de periodistas, analistas y medios de comunicación en espacios oficiales, al considerar que este tipo de señalamientos puede generar riesgos para la libertad de expresión y la pluralidad del debate público.
La organización reconoció que cualquier gobierno tiene derecho a responder, aclarar o desmentir información que considere incorrecta, pero señaló que debe existir una separación entre ejercer el derecho de réplica y utilizar espacios gubernamentales para vincular públicamente a personas con presuntas operaciones políticas o informativas.
“Un gobierno democrático tiene adversarios políticos, oposición, periodistas críticos y ciudadanía inconforme. Lo que resulta preocupante es que desde el poder público se construyan categorías o relaciones de personas a quienes se atribuye formar parte de operaciones políticas o informativas contra el régimen”, manifestó la agrupación.
Somos México también pidió que las aclaraciones gubernamentales se realicen mediante argumentos, información verificable y datos, sin que los recursos institucionales sean utilizados para estigmatizar a quienes mantienen posiciones críticas.
La controversia abrió nuevamente la discusión sobre los límites entre el derecho de las autoridades a responder a información que consideran falsa o imprecisa y la protección de la libertad de expresión de periodistas, medios, analistas y ciudadanos.
Hasta el momento, la postura oficial sostiene que no existe una lista de periodistas considerados adversarios del gobierno y que la información presentada forma parte exclusivamente de un análisis sobre redes de cuentas automatizadas y mecanismos de amplificación de contenidos en plataformas digitales.
