Dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificados como Audías Flores Silva, alias “El Jardinero”, y César Alejandro Villaseñor, fueron detenidos recientemente en Jalisco tras acumular durante años investigaciones, órdenes de aprehensión y señalamientos por delitos de alto impacto, sin que permanecieran en prisión de manera sostenida.
De acuerdo con autoridades estatales, ambos perfiles han sido considerados relevantes dentro de la estructura del grupo criminal, en un contexto de reconfiguración interna tras el debilitamiento de su dirigencia encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes.
En el caso de Flores Silva, entre 2009 y 2010 se le giraron seis órdenes de aprehensión que fueron ejecutadas hasta 2016; sin embargo, recuperó la libertad en todos los procesos por falta de elementos. Posteriormente, fue acusado por un ataque ocurrido en 2015 en San Sebastián del Oeste, donde murieron seis personas. Aunque en 2019 un juez ordenó su absolución, la resolución fue apelada y una instancia superior dictó una sentencia de 45 años de prisión, actualmente vigente, por lo que existe una orden de reaprehensión.
Por su parte, Villaseñor acumuló entre 2005 y 2015 tres órdenes de aprehensión, de las cuales dos quedaron sin efecto tras la obtención de amparos. La tercera, ejecutada en 2016 por un delito culposo, le permitió enfrentar el proceso en libertad.
Tras su reciente captura, autoridades federales imputaron a Villaseñor por delitos como portación de arma de uso exclusivo del Ejército, posesión de droga con fines de comercio y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que un juez dictó prisión preventiva oficiosa.
En tanto, Flores Silva permanece bajo prisión preventiva en un centro federal de alta seguridad, luego de ser detenido tras un seguimiento de varios meses por fuerzas federales.
Autoridades de seguridad en Jalisco rechazaron que haya existido protección institucional en estos casos, mientras que las investigaciones relacionadas con operaciones financieras del grupo criminal continúan en el ámbito federal.
Los expedientes de ambos detenidos reflejan un patrón en el que acusaciones por delitos graves no derivaron en encarcelamientos prolongados, debido a resoluciones judiciales, falta de pruebas o recursos legales que anularon los procesos en su contra.