La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, estaría siendo investigada por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado, de acuerdo con versiones difundidas este martes 18 de agosto de 2026.
La indagatoria también involucraría a Carlos Torres Torres, exesposo de la mandataria y quien se desempeñó como coordinador de Proyectos Estratégicos del Gobierno de Baja California.
Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha informado públicamente sobre la existencia de cargos formales contra la gobernadora, por lo que los señalamientos permanecen en el terreno de una presunta investigación.
Las versiones surgieron después de la difusión de varios audios en los que aparentemente se escucha a Marina del Pilar hablar sobre encuentros relacionados con agencias estadounidenses y la posibilidad de colaborar con autoridades de ese país.
En una de las grabaciones difundidas recientemente, un supuesto agente estadounidense plantea a la mandataria la posibilidad de firmar un testimonio de colaboración para proporcionar información a las autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con información atribuida a fuentes estadounidenses, las investigaciones continuarían con el objetivo de determinar si existen elementos suficientes para presentar posibles cargos contra la gobernadora, Carlos Torres y otras personas presuntamente relacionadas con grupos criminales.
El caso ocurre después de que en mayo de 2026 se diera a conocer que Marina del Pilar perdió su visa para ingresar a Estados Unidos, situación que también generó cuestionamientos sobre las razones que llevaron a las autoridades estadounidenses a retirar el documento.
Por su parte, el Gobierno de Baja California ha rechazado que la mandataria haya firmado algún acuerdo de colaboración con autoridades estadounidenses.
Marina del Pilar también ha declarado que desconoce si existe formalmente una investigación en su contra y ha rechazado las interpretaciones realizadas alrededor de los audios.
La gobernadora ha sostenido que las grabaciones fueron sacadas de contexto y calificó su difusión como una “emboscada psicológica”, la cual atribuyó al exgobernador de Baja California Jaime Bonilla.
Hasta este martes, las autoridades estadounidenses no han dado a conocer públicamente delitos específicos que pudieran ser imputados a la mandataria ni se ha informado sobre alguna orden judicial en su contra.
El caso permanece bajo atención debido a los señalamientos sobre una posible investigación en Estados Unidos y a los antecedentes relacionados con la cancelación de su visa.
