La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, pero rechazó rendir declaración al considerar improcedente el citatorio emitido en su contra debido al fuero constitucional que ostenta como titular del Poder Ejecutivo estatal.
La mandataria estatal fue citada para comparecer en calidad de testigo dentro de la investigación relacionada con la presunta participación de agentes extranjeros en un operativo realizado en abril pasado para desmantelar un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, Chihuahua.
Al presentarse ante la FGR, Campos entregó un escrito en el que manifestó que no comparecía para rendir entrevista ni para sujetarse a actos de investigación, sino únicamente para responder al oficio recibido.
En el documento, la gobernadora argumentó que el citatorio era ambiguo, incongruente y carente de fundamentación y motivación jurídica suficiente.
Además, sostuvo que mientras mantenga la investidura constitucional de gobernadora, la autoridad ministerial carece de competencia para practicar actos de investigación de carácter personal en su contra, incluso bajo la figura de testigo.
La mandataria también solicitó que cualquier requerimiento relacionado con información del Gobierno del Estado sea realizado mediante mecanismos de colaboración institucional entre autoridades.
Campos afirmó además que el oficio recibido incluía referencias tanto a testigos como a imputados, lo que consideró una irregularidad jurídica.
Previo a ingresar a las instalaciones de la FGR, la gobernadora acusó públicamente a las autoridades federales de intentar fabricar un caso en su contra y denunció un uso político de las instituciones.
“Se me cita bajo la simulación de ser una testigo, pero con la finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada”, declaró.
La gobernadora estuvo acompañada por su abogado Roberto Gil Zuarth, así como por dirigentes, legisladores y alcaldes vinculados al Partido Acción Nacional, quienes manifestaron respaldo a la mandataria estatal.
Por su parte, la defensa de Campos sostuvo que la inmunidad constitucional protege a la gobernadora frente a actos de molestia de carácter ministerial y cuestionó la claridad y legalidad del citatorio emitido por la Fiscalía.
El caso deriva de las investigaciones abiertas tras el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde además surgieron versiones sobre la participación de agentes estadounidenses y posteriormente se reportó la muerte de dos personas vinculadas a dichas labores.