La justicia penal, la corrupción y la inseguridad figuran entre los principales desafíos de México, de acuerdo con los resultados del Índice de Estado de Derecho 2026, elaborado por la organización internacional World Justice Project (WJP).
El informe ubica a México en la posición 125 de 143 países evaluados, lo que representa una caída de cuatro lugares respecto al año anterior, cuando ocupaba el puesto 121. Además, su calificación general registró una disminución del 2.7 por ciento.
La evaluación internacional expone las dificultades que enfrenta el país para garantizar la aplicación efectiva de las leyes, el acceso a la justicia y el adecuado funcionamiento de las instituciones encargadas de proteger los derechos de la población.
Uno de los resultados más significativos corresponde al sistema de justicia penal, donde México se sitúa en el lugar 139 de 143 naciones. Esta medición contempla la eficacia de las investigaciones, el desarrollo de los procedimientos judiciales y la capacidad de las autoridades para garantizar procesos imparciales.
La corrupción representa otro de los principales puntos de atención. En el indicador que mide su ausencia dentro de las instituciones públicas, el país ocupa la posición 135, mientras que en orden y seguridad aparece en el puesto 132.
Los resultados también reflejan dificultades en materia de libertades fundamentales, particularmente en aspectos relacionados con la libertad de expresión, el derecho de reunión y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
En el contexto regional, México se encuentra en la posición 28 de 32 países de América Latina y el Caribe incluidos en el estudio, mientras que entre las 44 economías clasificadas como de ingresos medios altos ocupa el penúltimo lugar.
El World Justice Project realiza esta evaluación mediante indicadores que permiten conocer las condiciones del Estado de Derecho en distintos países, considerando factores como la actuación de las autoridades, el respeto a los derechos humanos, la seguridad y el funcionamiento de los sistemas judiciales.
Las cifras correspondientes a 2026 ponen nuevamente en el centro del debate la necesidad de mejorar el desempeño de las instituciones de justicia, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y garantizar que la población tenga acceso a procedimientos legales eficaces y transparentes.
