El sector minero nacional se encuentra de luto y en movilización luego de que fueran confirmadas las muertes de al menos cinco de los 10 trabajadores privados de la libertad el pasado 23 de enero de 2026 en el municipio de Concordia, Sinaloa.
El grupo, integrado por ingenieros y trabajadores que laboraban para la empresa canadiense Vizsla Silver Corp., fue interceptado por un grupo armado cuando se trasladaba del campamento al sitio de trabajo en el proyecto minero ubicado en esa región.
Tras días de búsqueda, autoridades federales y estatales localizaron fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, en Concordia, donde fueron hallados varios cuerpos. Entre las víctimas ya identificadas se encuentran los zacatecanos Ignacio Aurelio Salazar Flores, geólogo originario de Sombrerete, y José Ángel Hernández Vélez, ingeniero minero originario de Cañitas de Felipe Pescador.
También fueron confirmadas las muertes de José Manuel Castañeda Hernández, José Antonio Jiménez Nevárez y Antonio de la O Valdez, originarios de Guerrero, Sonora y Chihuahua, respectivamente. Al menos cinco trabajadores continúan en calidad de desaparecidos.
La empresa Vizsla Silver Corp. emitió comunicados en los que lamentó profundamente los hechos y expresó sus condolencias a las familias. Por su parte, el gremio minero rechazó cualquier señalamiento que vincule a las víctimas con actividades ilícitas y exigió justicia, mayor seguridad en las zonas mineras y la localización con vida de los trabajadores aún no encontrados.
Bajo la consigna “¡Estamos de luto!”, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México convocó a marchas pacíficas este 14 de febrero en diversas entidades del país.
En Zacatecas, familiares, compañeros y ciudadanos marcharon en memoria de los dos profesionistas originarios del estado, con actos de despedida en Sombrerete y Cañitas de Felipe Pescador. En Hermosillo y en la capital de Chihuahua también se realizaron movilizaciones, así como concentraciones y misas en honor a las víctimas.
La investigación continúa a cargo de la Fiscalía General de la República, mientras el sector minero insiste en que se esclarezcan los hechos, se castigue a los responsables y se garantice seguridad para quienes laboran en regiones afectadas por la violencia.