Comunidades denuncian aprobación inconstitucional y cuestionan el discurso de defensa indígena de Morena
La inconformidad social por la reforma a la Ley de Aguas Nacionales escaló luego de que una mujer rarámuri alzara la voz contra autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), acusándolas de aprobar cambios legales sin consultar a los pueblos indígenas, en una acción que calificó como inconstitucional y contraria a los derechos colectivos.
Durante foros y protestas realizadas en distintas regiones, representantes de comunidades indígenas —particularmente del pueblo rarámuri— reclamaron que el agua forma parte de su territorio y de su vida comunitaria, y denunciaron que no fueron tomados en cuenta en la discusión y aprobación de la reforma. “El agua es de los rarámuris, no de la presidenta”, expresaron de manera contundente.
Las manifestaciones incluyeron la toma de oficinas de Conagua en municipios como Namiquipa, Gómez Farías, Bachíniva y Cuauhtémoc, donde productores agrícolas y comunidades originarias exigieron información clara, respeto a sus derechos y la apertura de un proceso de consulta previa, libre e informada.
Señalamientos de inconstitucionalidad
Los inconformes sostienen que la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales viola la Constitución mexicana y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a consultar a los pueblos indígenas cuando se pretenden legislar medidas que afecten sus recursos naturales y su forma de vida.
De acuerdo con los manifestantes, la reforma concentra un poder excesivo en la autoridad federal para la gestión del agua, sin garantizar la participación de las comunidades ni la protección de sus derechos colectivos, lo que podría derivar en la pérdida de concesiones y en una mayor vulnerabilidad social en regiones como la Sierra Tarahumara.
Crítica política a Morena
Las protestas también colocaron en el centro del debate a Morena, partido que ha sostenido un discurso de defensa de los pueblos indígenas. Para las comunidades rarámuri y productores, la aprobación de la ley sin consulta representa una contradicción entre el discurso político y las acciones legislativas impulsadas desde el poder.
“Dicen defender a los pueblos indígenas, pero legislan sin escucharlos”, reprocharon los manifestantes, quienes advirtieron que, de no atenderse sus demandas, podrían recurrir a amparos y acciones legales para frenar la aplicación de la reforma.
Riesgos y consecuencias
El conflicto abre un frente legal y social para el gobierno federal: por un lado, la posibilidad de litigios por violaciones al derecho de consulta indígena; por otro, el riesgo de una escalada de protestas en comunidades rurales e indígenas. En el plano político, la polémica amenaza con erosionar la credibilidad del discurso oficial sobre la protección de los derechos de los pueblos originarios.
Mientras Conagua defiende la reforma como un ordenamiento administrativo necesario, las comunidades rarámuri insisten en que sin consulta no hay legalidad ni justicia, y advierten que el agua seguirá siendo un punto de resistencia y defensa de su territorio.