La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó el decreto que pone fin a las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios de empresas estatales, medida que ya entró en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Con la reforma constitucional, se establece que ningún servidor público podrá recibir una pensión superior a los 134 mil pesos mensuales, equivalente a la mitad del salario que percibe la titular del Ejecutivo federal en 2026. El objetivo es eliminar privilegios y generar ahorros millonarios para el erario.
Durante la presentación de la medida, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, expuso casos de pensiones elevadas que impulsaron la reforma. Aunque inicialmente se mencionaron montos de hasta un millón de pesos mensuales, posteriormente se precisó que las cifras eran menores. En el caso de exempleados de Petróleos Mexicanos, se informó que algunas pensiones alcanzaban alrededor de 201 mil pesos mensuales.
La reforma también establece que ningún funcionario en activo podrá percibir ingresos superiores a los de la Presidencia, reforzando el principio de austeridad en la administración pública.
Sin embargo, el decreto no contempla a todos los sectores. Quedaron fuera de esta limitación los integrantes de las Fuerzas Armadas, así como funcionarios retirados de organismos autónomos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con estimaciones del Gobierno federal, la eliminación de estas pensiones permitirá un ahorro cercano a 5 mil millones de pesos, recursos que serán destinados a programas sociales de bienestar. No obstante, aún no se ha detallado cuándo comenzará a reflejarse este ajuste en el presupuesto ni su impacto directo en sectores como el campo, donde recientemente se han registrado inconformidades por la falta de apoyos.