El periodista Héctor de Mauleón, señala que informes federales habrían documentado un encuentro en Guadalupe y Calvo, en 2024, para pactar respaldo criminal a candidatos de Morena; la dirigente negó haberse reunido con personas dedicadas a actividades delictivas.
Chihuahua, Chih.- El periodista Héctor de Mauleón publicó este lunes una columna en la que expone señalamientos atribuidos a fuentes federales de seguridad sobre una presunta reunión entre Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, y Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la que supuestamente se habría negociado el respaldo de grupos criminales a candidatos morenistas durante las elecciones de 2024.
De acuerdo con la información difundida por el columnista, el encuentro habría ocurrido a principios de ese año en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, cuando Andrés Manuel López Obrador aún era presidente de México y Montiel formaba parte de su gobierno.
Según los informes federales citados por De Mauleón, durante la supuesta reunión se habría acordado que el grupo criminal conocido como Los Salgueiro, vinculado con “El Guano”, apoyara a candidatos de Morena en los comicios de ese año.
Como contraparte, presuntamente se habría permitido que la organización mantuviera el control territorial de una franja comprendida entre La Tuna, Sinaloa, y Moris, Chihuahua.
La columna sostiene que, como parte de esos supuestos acuerdos, integrantes del grupo habrían recibido instrucciones de modificar su respaldo electoral y favorecer a candidatos morenistas en lugar de figuras políticas a las que apoyaban anteriormente.
Entre los casos mencionados se encuentra Julio César Chávez Ponce, conocido como “El Chacho”, quien presuntamente habría dejado de recibir el apoyo de esa organización para favorecer a Ana Laura González Ábrego, actual alcaldesa.
El periodista también refiere que, según una fuente de seguridad de alto nivel, Juan Carlos Loera, exdelegado de Programas para el Desarrollo en Chihuahua, habría estado presente en el supuesto encuentro.
Montiel niega reunión y pide presentar pruebas
Los señalamientos se producen después de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusara públicamente a Montiel de presuntos vínculos con el crimen organizado, durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola.
Campos sostuvo que había planteado sus señalamientos a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una reunión previa. En sus declaraciones, hizo referencia a la situación de seguridad en Guadalupe y Calvo y a presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales en la región.
Ante las acusaciones, Montiel rechazó categóricamente los señalamientos y pidió que cualquier prueba sobre la comisión de un delito sea presentada ante las autoridades competentes.
La dirigente morenista afirmó que no permitirá que acusaciones que considera infundadas pongan en duda su trayectoria y honestidad. También cuestionó las motivaciones políticas de la gobernadora.
Por su parte, 24 gobernadores emanados de Morena difundieron un posicionamiento conjunto en respaldo a Montiel, en el que rechazaron las acusaciones y las calificaron como señalamientos temerarios que buscan afectar la reputación de quienes forman parte del movimiento.
Asimismo, el periodista retoma otras acusaciones contra Montiel relacionadas con un presunto desvío de recursos y la supuesta adquisición de un terreno en el municipio de Bocoyna por un monto de 99 mil pesos. Estos señalamientos forman parte de la información citada en la columna y no constituyen, por sí mismos, hechos acreditados judicialmente.
La publicación ha reavivado la confrontación política en torno a los presuntos vínculos entre actores públicos y grupos criminales en Chihuahua, particularmente en la Sierra Tarahumara, donde la presencia de organizaciones delictivas ha sido motivo de preocupación por la seguridad de las comunidades.
Hasta la información disponible, la presunta reunión y los acuerdos electorales descritos por el columnista se atribuyen a informes y fuentes de seguridad que no se presentan públicamente en el texto como pruebas judiciales verificadas. Por ello, los señalamientos deben distinguirse de hechos confirmados o de una eventual determinación de responsabilidad por parte de las autoridades.
