Tras las revelaciones de Ismael “El Mayo” Zambada en una audiencia en Nueva York, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, subrayó que cualquier señalamiento debe respaldarse con pruebas y que, de ser así, todas las personas involucradas estarían obligadas a someterse a la justicia.
El pasado 25 de agosto, Zambada leyó una carta en la que narró su trayectoria como fundador del Cártel de Sinaloa, describiendo más de cinco décadas de narcotráfico, que incluyeron marihuana y cocaína con destino principalmente a Estados Unidos. Además, detalló cómo utilizó la corrupción de funcionarios públicos, policías y mandos militares como herramienta clave para operar sus actividades delictivas.
Ante estas declaraciones, Rocha Moya respaldó el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a presentar las denuncias correspondientes, recordando que mientras solo existan señalamientos, “no hay delito que perseguir en México”. “Todo puede ocurrir, simplemente deben haber las denuncias respectivas y pruebas; si eso ocurre, todo mundo está obligado a someterse a la justicia”, indicó el mandatario sinaloense.
La jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, enfatizó que hasta el momento no existen pruebas que involucren a funcionarios públicos o militares con grupos del crimen organizado, y que cualquier investigación se realizará únicamente a partir de una denuncia formal. En la misma línea, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que las detenciones derivadas del caso han sido de autoridades locales, como policías municipales y estatales, sin que hasta ahora se haya vinculado a militares, marinos o políticos.
Ambos funcionarios coincidieron en que las declaraciones de criminales por sí solas no constituyen evidencia suficiente para actuar legalmente, resaltando la necesidad de contar con documentación y pruebas sólidas antes de proceder.
El caso mantiene en alerta a las autoridades y a la sociedad, mientras se espera que se presenten las denuncias formales que puedan traducirse en investigaciones concretas contra cualquier funcionario involucrado, cerrando así el círculo entre señalamiento y justicia efectiva.
