La salida de un interno presuntamente vinculado con la organización criminal conocida como Los Chapitos habría desencadenado una disputa por el control interno del Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, donde dos enfrentamientos registrados los días 8 y 9 de octubre dejaron un saldo de 12 personas fallecidas y varios lesionados.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que el interno liberado mantenía una posición de liderazgo dentro del centro penitenciario, situación que presuntamente provocó conflictos entre distintos grupos de personas privadas de la libertad.
De acuerdo con la información presentada por el funcionario federal, la primera confrontación ocurrió el 8 de octubre y dejó 10 personas sin vida y 16 lesionadas, entre ellas un menor de apenas un año de edad que se encontraba de visita en las instalaciones.
La violencia continuó al día siguiente, cuando se registró una segunda riña que ocasionó la muerte de otras dos personas, elevando a 12 el número total de víctimas mortales.
Los enfrentamientos incluyeron detonaciones de armas de fuego dentro del establecimiento penitenciario, lo que evidenció graves riesgos para la seguridad tanto de los internos como del personal y los visitantes.
Ante la magnitud de los hechos, las autoridades federales desplegaron elementos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para reforzar la vigilancia, restablecer el orden y evitar nuevos episodios de violencia.
Asimismo, se realizaron traslados de personas privadas de la libertad hacia otros centros penitenciarios como parte de las medidas para reducir tensiones y recuperar el control de las instalaciones.
Anuncian construcción de seis nuevos centros penitenciarios
Como parte de la estrategia nacional para fortalecer el sistema penitenciario, García Harfuch anunció la construcción de seis nuevos centros de reclusión en Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz.
Los proyectos contemplan una capacidad conjunta de 18 mil 480 espacios, con infraestructura de alta seguridad, sistemas tecnológicos de vigilancia y áreas destinadas a favorecer los procesos de reinserción social.
En el caso de Sinaloa, se proyecta un complejo penitenciario con capacidad para 2 mil 640 personas, equipado con mecanismos modernos de supervisión y control.
El secretario detalló que, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2026, las autoridades realizaron 3 mil 275 traslados de internos a centros federales y 10 mil 513 revisiones penitenciarias, durante las cuales aseguraron más de 306 mil objetos y sustancias prohibidas.
También afirmó que los incidentes relacionados con riñas, agresiones, amenazas y otras situaciones de riesgo disminuyeron 35 por ciento respecto al periodo anterior, como resultado de las medidas de seguridad implementadas.
Mientras avanzan las investigaciones sobre los enfrentamientos en Mazatlán, el penal El Castillo permanece bajo vigilancia reforzada de las autoridades federales, con el objetivo de prevenir nuevos hechos violentos y garantizar la seguridad de quienes permanecen en sus instalaciones.
