Con 69 votos a favor y 32 en contra, Morena y sus aliados aprobaron una legislación para modernizar los registros de terrenos, viviendas y edificios en México. Legisladores de oposición alertaron sobre posibles repercusiones en el impuesto predial.
El Senado de la República aprobó este miércoles 14 de octubre la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una reforma que busca unificar y modernizar la información de los bienes inmuebles en las 32 entidades federativas del país.
La iniciativa obtuvo 69 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que 32 legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.
De acuerdo con sus objetivos, la nueva legislación pretende fortalecer la seguridad jurídica de las propiedades, prevenir fraudes inmobiliarios, evitar registros duplicados y facilitar la identificación de los propietarios mediante herramientas digitales.
Entre sus principales disposiciones se encuentra la creación de una plataforma nacional que permitirá expedir la Cédula Única Catastral y Registral, documento que concentrará información sobre los inmuebles y al que los ciudadanos podrán acceder mediante su cuenta Llave.
Sin embargo, la aprobación generó controversia debido a las posibles consecuencias fiscales de actualizar los valores catastrales de terrenos, casas, edificios y establecimientos comerciales.
Durante la discusión, legisladores de oposición señalaron que, aunque la ley no contempla directamente un incremento en las tasas del impuesto predial, la actualización del valor de los inmuebles podría provocar que los propietarios terminen pagando cantidades mayores.
La senadora priista Carolina Viggiano explicó que el impuesto predial se calcula tomando como referencia el valor catastral de las propiedades, por lo que un aumento en dicho valor podría traducirse en un cobro más elevado, incluso sin modificar las tasas vigentes.
Por su parte, el panista Francisco Ramírez Acuña cuestionó la constitucionalidad de la reforma y advirtió sobre una posible intervención del gobierno federal en atribuciones que corresponden a los municipios.
En tanto, Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que los valores comerciales de los inmuebles tengan mayor influencia en la determinación de las contribuciones.
Pese a estos señalamientos, la mayoría legislativa rechazó las modificaciones propuestas por la oposición para incorporar garantías expresas contra posibles incrementos al predial.
Un registro nacional con desafíos para su implementación
La legislación también establece mecanismos de intercambio de información entre autoridades municipales, estatales y federales, con el propósito de detectar irregularidades, actualizar datos y mejorar la coordinación de los registros públicos de la propiedad.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano participarán en la elaboración de lineamientos y herramientas para integrar la información catastral.
No obstante, especialistas inmobiliarios advierten que su implementación enfrentará dificultades debido a las diferencias tecnológicas y administrativas entre las entidades federativas, así como a la cantidad de propiedades que todavía carecen de documentación regularizada.
El especialista Miguel Saucedo señaló que la actualización de superficies construidas podría modificar los valores registrados de numerosos inmuebles y, en consecuencia, repercutir en el cálculo del impuesto predial.
Asimismo, cuestionó la viabilidad de que el sistema nacional funcione plenamente a partir de enero de 2027, considerando los problemas de regularización y las limitaciones administrativas existentes.
