La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que inició el proceso para devolver las nueve camionetas blindadas recientemente adquiridas para uso de ministras y ministros, luego de las críticas públicas que generó la compra por su alto costo y el contexto de austeridad en el gasto público.
En un comunicado, la Corte señaló que las y los ministros decidieron no utilizar los vehículos y solicitaron a las áreas administrativas explorar la viabilidad de su devolución, o bien, ponerlos a disposición de juzgadores del Poder Judicial de la Federación que enfrenten mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones. La medida, indicó el máximo tribunal, busca reafirmar el compromiso con la responsabilidad y el uso racional de los recursos públicos.
La adquisición —anunciada el 22 de enero— contempló nueve camionetas con blindaje, cada una con un costo superior al millón de pesos, bajo el argumento de fortalecer las condiciones de seguridad de las y los ministros. No obstante, el gasto detonó un debate político y social sobre la pertinencia de la compra, especialmente por tratarse de unidades que ya habían pasado por un proceso de adecuación y blindaje.
En ese contexto, la SCJN reconoció que no es seguro que la devolución pueda concretarse en su totalidad, dado que los vehículos ya fueron adquiridos y sometidos a modificaciones. Aun así, precisó que se instruyó iniciar el procedimiento correspondiente “para verificar si es posible” la devolución; de no serlo, se evaluará su reasignación a personal judicial que opere en zonas o casos de alto riesgo.
La Corte defendió que la renovación vehicular se apegó a su normativa interna, pero subrayó que la decisión de no usar las camionetas responde a la necesidad de atender la preocupación pública y mantener la confianza en la institución. Mientras se define el destino final de las unidades, el tribunal aseguró que continuará revisando sus políticas de gasto y seguridad.