El asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, habría sido ordenado por integrantes de la delincuencia organizada como respuesta a los operativos de seguridad que impulsó durante su administración, según las conclusiones preliminares de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
A casi un año del homicidio, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas, las autoridades informaron que la investigación registra un avance del 90 por ciento y que 33 personas han sido detenidas por su presunta participación en los hechos.
Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía estatal, explicó que los elementos recabados apuntan a una represalia criminal, particularmente relacionada con la detención de René “N”, alias “El Rino”, identificado como presunto dirigente de una organización delictiva.
Una de las principales conclusiones presentadas por las autoridades es que, hasta el momento, no se han encontrado elementos que sustenten una motivación política detrás del atentado.
Esta postura contrasta con las exigencias de Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan, quien ha solicitado ampliar las investigaciones hacia personajes políticos que mantuvieron diferencias y confrontaciones con el exalcalde. También ha pedido la intervención de la Fiscalía General de la República.
Entre los detenidos destacan Ramón Ángel “N”, conocido como “El R1”, y Jorge Armando “N”, alias “El Lic.”, a quienes las autoridades atribuyen la presunta planeación del asesinato. Ambos se encuentran internos en el penal federal del Altiplano.
Las investigaciones también revelaron una posible filtración de información desde el propio gobierno municipal. Samuel “N”, quien ocupaba la Dirección de Protocolo del Ayuntamiento, es señalado por presuntamente compartir detalles sobre los desplazamientos del alcalde con integrantes de la estructura criminal.
Además, siete elementos encargados de la seguridad personal de Manzo fueron vinculados a proceso por homicidio doloso por omisión. La Fiscalía también solicitó la comparecencia de la secretaria del Bienestar Municipal para indagar posibles relaciones familiares con miembros del grupo delictivo.
Para reconstruir el atentado e identificar a los presuntos responsables, las autoridades realizaron más de 3 mil 500 diligencias de investigación, 15 cateos y revisaron aproximadamente mil 200 horas de grabaciones de video, con apoyo de instituciones federales.
La Fiscalía precisó que varios de los procedimientos judiciales se encuentran en etapa intermedia, por lo que se prevé que próximamente comiencen los juicios orales.
Aunque las autoridades consideran que el caso está cerca de esclarecerse, todavía quedan diligencias pendientes y resoluciones judiciales por emitir. La investigación continúa mientras persiste la exigencia de justicia por el asesinato del exalcalde de Uruapan.
