El acusado habría exigido 5 mil pesos mediante amenazas escritas y mensajes de WhatsApp; permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
Luis Manuel “N”, alias “El Pelayo”, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada, luego de que presuntamente exigiera dinero a un hombre mediante amenazas escritas y mensajes enviados a través de WhatsApp.
La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) informó que la resolución judicial se obtuvo a través de la Unidad Especializada en el Combate al Delito de Secuestro (UECS), tras presentar los elementos de prueba correspondientes ante un Juez de Control.
De acuerdo con la investigación, los hechos comenzaron el 6 de marzo de 2026, aproximadamente a las 10:00 horas, cuando el imputado acudió a una granja ubicada sobre la carretera Gómez Palacio-Tlahualilo.
En ese lugar, presuntamente entregó a la víctima una hoja de papel que contenía la exigencia de pagar 5 mil pesos, un número de cuenta bancaria y diversas amenazas, para posteriormente retirarse.
Después de este encuentro, el afectado comenzó a recibir mensajes intimidatorios, por lo que el 26 de marzo realizó un depósito de 4 mil 400 pesos a la cuenta que le había sido proporcionada.
Sin embargo, las amenazas no terminaron. Según las investigaciones, entre mayo y julio el señalado continuó enviando mensajes en los que presuntamente amenazaba de muerte a la víctima, situación que llevó al afectado a presentar la denuncia correspondiente.
Tras las indagatorias realizadas por personal de la UECS, se reunieron elementos que permitieron establecer la probable participación de Luis Manuel “N” en los hechos, por lo que se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.
Una vez detenido, fue presentado ante la autoridad judicial, que determinó vincularlo a proceso por el delito de extorsión agravada.
El Juez de Control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que deberá cumplir en el Centro de Reinserción Social Número 1 de Durango.
Asimismo, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público continuará reuniendo elementos relacionados con el caso.
La Fiscalía estatal reiteró que mantendrá las acciones de investigación contra conductas delictivas que afecten el patrimonio y la seguridad de la población, particularmente aquellas relacionadas con amenazas y exigencias económicas ilegales.
El imputado deberá ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme que determine su responsabilidad penal.
