Omar Alejandro López Campos, exsecretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa y suplente del senador Enrique Inzunza, formalizó este sábado su registro para participar en el proceso interno de Morena con el objetivo de buscar la candidatura a la gubernatura del estado rumbo a las elecciones de 2027.
Para contender en el proceso interno del partido, López Campos presentó su renuncia al cargo que desempeñaba en el gobierno estatal. Competirá junto con otros aspirantes por la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación, figura que representa el paso previo a la definición de la candidatura de Morena.
López Campos es identificado como un cercano colaborador y ahijado político del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Asimismo, fue suplente del senador Enrique Inzunza durante la licencia temporal que éste solicitó en mayo para separarse de su escaño por dos días.
Arquitecto de profesión y egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha desarrollado gran parte de su trayectoria en la administración pública acompañado por Rocha Moya e Inzunza. Entre 2013 y 2017 ocupó un cargo en el ISSSTE cuando Rocha Moya se desempeñaba como subdirector de Capacitación y Servicios Educativos.
En 2024 regresó al gobierno estatal como subsecretario de Normatividad e Información Registral y, posteriormente, en octubre de 2025, fue designado secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable.
Su registro ocurre en medio del proceso interno que Morena, junto con sus partidos aliados, lleva a cabo para definir a quienes encabezarán las coordinaciones estatales rumbo a las elecciones de 2027. En Sinaloa también participan otros perfiles, entre ellos la senadora con licencia Imelda Castro, el exalcalde de Ahome Gerardo Vargas, la diputada local con licencia Teresa Guerra y el diputado federal con licencia Jesús Ibarra Ramos.
El registro de López Campos se da en un contexto en el que Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza enfrentan señalamientos formulados por autoridades estadounidenses, los cuales han sido rechazados por los involucrados. Hasta el momento, no existe una resolución judicial firme en su contra en Estados Unidos.
