El representante agrario de la comunidad indígena de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, Marcos Aguilar Rojas, fue asesinado a balazos este miércoles en dicha población. En el mismo ataque resultó herido su hermano, Gabriel Aguilar Rojas, delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI).
En un pronunciamiento público, el CNI condenó “con indignación, rabia y profunda preocupación” la agresión ocurrida el 26 de noviembre en el predio comunal El Caracol, una zona en disputa desde hace años por intentos de despojo atribuidos a pequeños propietarios y caciques locales.
La organización identificó como presuntos agresores a Esteban Aguilar Herrera, Manuel Aguilar Herrera, José Aguilar Herrera, Víctor Hugo Pérez, Favio Flores Sánchez y Abraham Pérez, quienes habrían huido en un vehículo gris con rumbo a Villa Guerrero o Mezquitic. Según el CNI, todos mantienen vínculos con grupos de poder local.
Conflicto agrario sin resolver
El Congreso Nacional Indígena señaló que la falta de una resolución oficial sobre el reconocimiento de la comunidad indígena ha prolongado el conflicto agrario en San Lorenzo de Azqueltán, responsabilidad que atribuye al gobierno federal. También acusó al gobierno de Jalisco de permitir “un contexto de impunidad que favorece a los grupos que mantienen confrontaciones con la comunidad”.
Para el CNI, el asesinato de Aguilar Rojas forma parte de “un patrón de agresiones contra pueblos originarios que defienden su territorio”. La organización exigió sanciones contra los responsables materiales e intelectuales, así como garantías de seguridad para los habitantes de la zona Norte de Jalisco.
Denuncias previas ignoradas
La comunidad indígena tepehuana y wixárika había denunciado desde hace tres semanas un despojo violento en terrenos comunales en litigio. Afirmaron que, desde el 4 de noviembre, presuntos policías investigadores de la Fiscalía de Jalisco ingresaron de forma irregular a varios predios, exigieron a los comuneros desalojar y retiraron materiales de construcción.
La abogada de la comunidad, Quetzal Prado, señaló que los agentes actuaron sin identificarse y fuera de su competencia, ya que la disputa por las tierras sigue en trámite ante el Tribunal Agrario 16. La propia fiscalía en Villa Guerrero confirmó que los elementos involucrados pertenecen a la institución.
Los comuneros denunciaron que los policías llegaron armados, los insultaron y los amenazaron con detenerlos. En el predio La Cueva de la Mosca, retiraron materiales usados para construir un pozo. La comunidad asegura que estas acciones favorecen al particular Refugio Raygoza, quien buscaría ampliar de manera irregular una posesión previamente tolerada.
Desde 2015, San Lorenzo de Azqueltán sostiene un juicio agrario por el reconocimiento de 39 mil hectáreas en posesión de 119 comuneros. Afirma que enfrenta hostigamiento mediante carpetas de investigación “sin sustento”, mientras que las denuncias por agresiones contra sus habitantes no reciben la misma atención.
Exigen atención inmediata
La comunidad solicitó una reunión urgente con el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, y adelantó que después de ese diálogo presentará una denuncia formal y acudirá a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). Sus autoridades comunales reiteraron que continuarán defendiendo su territorio pese al clima de violencia.
El CNI envió condolencias a la familia de Aguilar Rojas y a la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán.