La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que plantea exigir nacionalidad mexicana única a quienes busquen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El proyecto fue avalado con 26 votos a favor, cinco en contra y ninguna abstención, y deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.
La propuesta establece que las personas que tengan doble nacionalidad deberán renunciar a la extranjera antes de solicitar su registro como candidatas a alguno de esos cargos. Por ello, la medida no representa una prohibición absoluta para las personas binacionales, siempre que acrediten la terminación de su vínculo jurídico con el otro país.
El dictamen también contempla que, una vez en funciones, quienes ocupen dichos cargos no podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar pasaportes o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos ante otro Estado ni acogerse a su protección diplomática.
Durante la discusión surgieron diferencias entre los grupos parlamentarios. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la medida al considerar que podría restringir derechos políticos y afectar particularmente a mexicanos que adquirieron otra nacionalidad por razones familiares o migratorias.
Morena, PT y PVEM defendieron la iniciativa bajo el argumento de que quienes encabecen los poderes ejecutivos deben mantener un vínculo jurídico y político exclusivo con México.
Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando legisladores del PAN abandonaron la discusión, después de cuestionar que no se realizara un parlamento abierto para escuchar a migrantes, especialistas y organizaciones relacionadas con el tema.
El dictamen establece además que no sería suficiente presentar una renuncia únicamente ante las autoridades mexicanas. La legislación secundaria deberá determinar los mecanismos mediante los cuales los aspirantes comprueben que la otra nacionalidad dejó efectivamente de tener efectos jurídicos.
De concluir su proceso legislativo y entrar en vigor, los nuevos requisitos comenzarían a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028. Quienes ya ocupen alguno de los cargos contemplados cuando la reforma entre en vigor no resultarían afectados.
Tras su aprobación en comisión, el dictamen será enviado al Pleno de la Cámara de Diputados para continuar con su discusión y eventual votación. Al tratarse de una reforma constitucional, todavía no es una disposición vigente.
