La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó que el Estado mexicano es responsable internacionalmente por el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua, al concluir que las autoridades violaron el derecho a conocer la verdad y no realizaron una investigación adecuada en un contexto de violencia de género e impunidad generalizada.
De acuerdo con la sentencia notificada el viernes, la Corte IDH estableció que México incumplió su obligación de investigar con la debida diligencia la desaparición, tortura y asesinato de la joven madre de 17 años, trabajadora de una maquiladora, así como los atentados sufridos por su madre, Norma Andrade, mientras exigía justicia por el crimen.
El caso de García Andrade forma parte de la serie de feminicidios que conmocionaron a Ciudad Juárez hace más de dos décadas, una ciudad marcada por la violencia contra las mujeres.
En 2009, el mismo tribunal internacional ya había condenado al Estado mexicano en el caso conocido como “Campo Algodonero”, relacionado con el asesinato de ocho mujeres en esa localidad.
Según la resolución, Lilia Alejandra García Andrade salió a trabajar el 14 de febrero de 2001 y no regresó a su hogar. Su madre denunció la desaparición ante las autoridades, pero el reporte no fue atendido con prontitud ni eficacia.
El 21 de febrero, el cuerpo de la joven fue localizado en un terreno baldío; la causa de muerte fue estrangulamiento manual, con indicios de agresión sexual previa.
La Corte señaló que entre 2001 y 2010 la investigación pasó por diversas fiscalías sin que se registraran avances sustanciales, además de que existen dudas sobre la integridad y exhaustividad en el análisis de las pruebas. Actualmente, desde 2023, existe un proceso penal en curso contra una persona presuntamente involucrada.
Asimismo, el tribunal destacó que Norma Andrade, madre de la víctima, se convirtió en defensora de derechos humanos y fue objeto de dos atentados mientras buscaba justicia para su hija, hechos que hasta ahora permanecen impunes.
Aunque el Estado mexicano realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad, la Corte IDH ordenó concluir de manera efectiva las investigaciones, ofrecer una disculpa pública y adoptar medidas para garantizar la no repetición de estos hechos, en un fallo que representa la segunda condena internacional contra México dada a conocer esta semana por violaciones graves a los derechos humanos.