El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención de varios funcionarios y servidores públicos por su presunta participación en un esquema de huachicol fiscal relacionado con el ingreso de un buque cargado con millones de litros de hidrocarburos al puerto de Tampico, Tamaulipas.
Entre los detenidos se encuentran Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Secretaría de Marina, y Francisco Javier Antonio Martínez, exfuncionario de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Tampico. Ambos están señalados por su probable vínculo con la importación ilegal de combustibles.
Roberto Farías Laguna, un vicealmirante en el centro de la polémica
Farías Laguna es sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, lo que ha generado fuertes cuestionamientos sobre nepotismo y corrupción en la institución. A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos relevantes:
• Comandante de la XII Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco, hasta enero de 2024.
• Subjefe de servicios en el Centro de Estudios Superiores Navales.
• Secretario particular del subsecretario Almirante José Luis Arellano Ruiz y del propio exsecretario Ojeda.
Francisco Javier Antonio Martínez y sus nexos con el huachicol
Por su parte, Martínez inició su trayectoria en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2013, donde desempeñó funciones en áreas de evaluación y aduanas. Posteriormente, ocupó cargos en distintas administraciones portuarias hasta llegar, en 2024, a la Gerencia de Administración y Finanzas de ASIPONA Tampico.
El escándalo estalló cuando se reveló que Martínez era socio de los dueños de la empresa Intanza, señalada por importar diésel ilegal desde Beaumont, Texas. Dicho combustible arribó a México a bordo del buque Challenge Procyon, asegurado por autoridades mexicanas. La denuncia fue documentada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El decomiso histórico
El 31 de marzo de 2025 se realizó un decomiso histórico en Tampico, donde se aseguraron 10 millones de litros de huachicol. No obstante, documentos judiciales sugieren que el buque transportaba hasta 20 millones de litros de diésel, lo que aumenta la magnitud del caso y la posible red de complicidades en instituciones federales.
La investigación continúa abierta y ha puesto bajo la lupa a sectores estratégicos del gobierno mexicano, mientras crece la presión para esclarecer la participación de altos mandos navales y funcionarios en este millonario esquema de contrabando de combustibles.