La Fiscalía General del Estado (FGE) informó este viernes la detención de la síndica municipal de Cintalapa, Sally Gallardo Núñez, como presunta responsable de los delitos de abuso de autoridad y afectaciones al funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en perjuicio del erario municipal. La aprehensión se enmarca en una amplia investigación por corrupción y presuntos vínculos con la delincuencia organizada que ya ha dejado a siete servidores públicos de este municipio sujetos a proceso.
Operativo interinstitucional y cateo con resultados contundentes
Paralelamente a la detención de la funcionaria, un grupo de trabajo interinstitucional –integrado por elementos de la FGE, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP)– ejecutó una orden de cateo en un domicilio del fraccionamiento Monte Real, en Tuxtla Gutiérrez, vinculado a Gallardo Núñez.
Durante la diligencia, fueron detenidos su esposo, Luis “N”, de 56 años, y su hijo, Josué “N”, de 24 años. Ambos quedaron bajo investigación por los delitos contra la salud en su modalidad de posesión, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo que determine la autoridad ministerial.
El operativo arrojó un decomiso significativo: 600 mil pesos en efectivo en billetes de diversas denominaciones, 10 dosis de presunta cocaína, dos vehículos (una camioneta Jeep Grand Cherokee y una pickup Toyota Tacoma), seis teléfonos celulares, un iPad y una tablet. Los bienes asegurados quedaron a disposición de la autoridad investigadora para su análisis pericial e integración al expediente.
Los hechos: autorización irregular de pagos a policías no certificados
De acuerdo con las indagatorias de la FGE, se logró constatar que el pasado 7 de enero, la síndica Sally Gallardo, en abuso de sus funciones, autorizó y permitió el pago con recursos públicos del erario municipal a elementos de la policía municipal que, de manera irregular, no contaban con la certificación de control de confianza vigente, requisito legal indispensable para desempeñar funciones de seguridad pública.
La Fiscalía señaló que, al omitir la suspensión inmediata de dichos pagos y no denunciar la grave irregularidad ante las instancias correspondientes, la funcionaria habría generado un daño económico directo a las arcas municipales y, de manera más amplia, una afectación institucional a la integridad del Sistema Estatal de Seguridad Pública, al permitir que personal no evaluado ocupara posiciones de confianza.
Contexto ampliado: una red de corrupción municipal y sombras del crimen organizado
La detención de Gallardo Núñez no es un hecho aislado. Con ella, ya suman siete los servidores y exservidores públicos de Cintalapa que enfrentan procesos penales por actos de corrupción y abuso de autoridad. Entre los detenidos previamente se encuentran el propio presidente municipal, Ernesto Cruz Díaz; el extesorero Reynol Valencia Cruz; la exsíndica del periodo 2021-2024, Anayeli Reyes Clemente; y tres elementos de la policía municipal.
Aunque las autoridades federales y estatales se han abstenido de confirmarlo de manera oficial, fuentes de seguridad consultadas señalan que algunos de estos exfuncionarios habrían estado brindando protección y facilitando operaciones al llamado “Cártel de Chiapas y Guatemala”, una célula delictiva que, tras fracturas internas en el Cártel de Sinaloa, se habría alineado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La región de Cintalapa, estratégica por su ubicación en los límites con Oaxaca, se considera una plaza bajo la influencia de Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias “El Señor de los Caballos”, quien opera como presunto jefe de plaza del CJNG en la zona. La presencia de este grupo se hizo patente el pasado octubre, cuando un operativo para capturarlo resultó fallido y fue respondido con bloqueos carreteros y quema de vehículos por parte de sus sicarios.
Antecedentes inmediatos y clima de violencia
Las investigaciones en el municipio cobraron mayor urgencia y prioridad tras los violentos eventos ocurridos a finales de diciembre, cuando el hallazgo de seis hombres ejecutados y privados de la libertad conmocionó a la población. Estas víctimas habían sido secuestradas días antes, durante un ataque armado contra dos bares en el municipio vecino de Villaflores, hechos que también dejaron a tres mujeres heridas, una de las cuales falleció posteriormente en el hospital.
Este episodio de violencia extrema antecedió en pocos días la detención del alcalde Ernesto Cruz Díaz, el pasado lunes, acusado de malversación de recursos y nexos con la delincuencia organizada, y la de la exsíndica Anayeli Reyes Clemente, capturada el miércoles por ejercicio abusivo de funciones.
Situación legal y continuidad de las indagatorias
La síndica Sally Gallardo Núñez fue puesta a disposición de los juzgados con sede en Cintalapa para enfrentar el proceso legal en su contra. Por su parte, su esposo e hijo permanecen bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, que dirige las pesquisas por los delitos federales relacionados con el decomiso.
La Fiscalía General del Estado y las instituciones federales colaboradoras aseguraron que las investigaciones continúan de manera activa y coordinada. El objetivo, señalaron, es deslindar por completo las responsabilidades de todos los implicados, determinar la procedencia de los recursos asegurados y, sobre todo, desmantelar la red de corrupción que habría permeado la administración pública municipal y sus posibles conexiones con grupos de la delincuencia organizada que operan en la región.