El gobierno de Estados Unidos anunció una serie de medidas regulatorias contra México tras acusarlo de incumplir disposiciones del Acuerdo de Transporte Aéreo bilateral firmado en 2015. Las acciones, implementadas por el Departamento de Transporte (DOT), responden a decisiones unilaterales del gobierno mexicano que, según autoridades estadounidenses, alteran la competencia justa en el mercado aéreo entre ambos países.
Entre las principales medidas destaca la exigencia a las aerolíneas mexicanas de presentar anticipadamente sus itinerarios de vuelo hacia EE.UU., además de requerir aprobación previa para vuelos chárter de gran capacidad, tanto de pasajeros como de carga. Asimismo, el DOT ha iniciado el proceso para revisar —y posiblemente revocar— la inmunidad antimonopolio otorgada a la alianza entre Delta Air Lines y Aeroméxico.
De acuerdo con el DOT, México ha restringido de forma unilateral los horarios de aterrizaje y despegue en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, así como obligado a aerolíneas de carga extranjeras a mudarse al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, decisiones que, a juicio de Washington, contravienen el espíritu y la letra del acuerdo bilateral.
“El gobierno de México ha tomado acciones que afectan la equidad y el balance competitivo entre operadores de ambos países”, declaró Sean P. Duffy, secretario de Transporte de EE.UU. “Esto pone en entredicho la integridad del marco que sostiene nuestra cooperación aérea”.
Las autoridades estadounidenses advierten que, de no corregirse estas políticas, podrían negarse nuevas rutas o solicitudes de vuelos mexicanos hacia EE.UU., lo que impactaría directamente la conectividad entre ambos países, uno de los corredores aéreos más transitados del mundo.
Por otro lado, una eventual revocación de la inmunidad antimonopolio entre Delta y Aeroméxico obligaría a ambas compañías a operar sus rutas compartidas sin coordinación tarifaria ni de ingresos, aunque podrían mantener acuerdos de código compartido y participación accionaria.
Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido una postura oficial. Sin embargo, fuentes cercanas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aseguran que se evalúan alternativas para evitar mayores tensiones diplomáticas.