El Gobierno de Estados Unidos presentó acusaciones formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios estatales, por presuntos vínculos con el narcotráfico y colaboración con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, entre ellas el fiscal federal Jay Clayton y el titular de la DEA, Terrance C. Cole, los señalados habrían participado en una red de conspiración para facilitar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, a cambio de sobornos y apoyo político. Los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de armas de alto poder y uso de explosivos, delitos que podrían alcanzar penas de hasta cadena perpetua.
Entre los implicados también se encuentra el senador Enrique Inzunza, así como mandos de seguridad, fiscales y autoridades municipales de Sinaloa. Según la acusación, algunos funcionarios habrían recibido pagos periódicos para proporcionar información confidencial sobre operativos y permitir la operación del grupo criminal sin intervención de las autoridades.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirmó haber recibido solicitudes de detención con fines de extradición por parte de Estados Unidos. Sin embargo, señaló que dichas peticiones no incluyen pruebas suficientes que acrediten la responsabilidad penal de los acusados.
Por su parte, Rocha Moya rechazó las acusaciones, calificándolas como infundadas y asegurando que se trata de un ataque político. El mandatario estatal afirmó que su inocencia será demostrada en el momento correspondiente y sostuvo que las imputaciones vulneran la soberanía nacional.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el Cártel de Sinaloa habría establecido alianzas con funcionarios públicos para garantizar protección, acceso a información estratégica y control territorial, incluso mediante actos de violencia como secuestros y homicidios.
El embajador estadounidense en México reiteró que los actos de corrupción vinculados al narcotráfico serán investigados y procesados conforme a la jurisdicción correspondiente.