Las medidas impuestas por Estados Unidos contra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quedaron formalizadas luego de que su nombre fuera incorporado al Registro Federal estadounidense por señalamientos de presunto apoyo al Cártel de Sinaloa.
La determinación implica el bloqueo de bienes e intereses patrimoniales que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense y establece restricciones para realizar operaciones financieras o comerciales con el señalado.
El caso forma parte de un paquete de sanciones dirigido contra personas y empresas que, según las autoridades de Estados Unidos, estarían relacionadas con una estructura vinculada a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
En el documento oficial se atribuye a Torres haber proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material, tecnológico, bienes o servicios en beneficio de la organización criminal, motivo por el cual fue incluido en el régimen estadounidense de sanciones.
Los señalamientos van más allá de una posible relación empresarial. El Departamento del Tesoro estadounidense ha identificado al exfuncionario como un operador político presuntamente relacionado con grupos criminales y lo vincula con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, señalado como uno de los principales operadores armados de Los Mayos en Baja California.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Torres habría aprovechado sus relaciones políticas para favorecer intereses de la organización criminal y obstaculizar acciones de las autoridades contra sus operaciones. Se trata de acusaciones formuladas por el gobierno de Estados Unidos y no de una sentencia penal.
Las sanciones habían sido anunciadas previamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y ahora quedaron asentadas formalmente en el Registro Federal.
Torres reconoce participación en empresa señalada
Después de conocerse las acusaciones, Carlos Torres respondió públicamente y reconoció ser propietario del 30 por ciento de Vida Orgánica Tijuana, una de las compañías incluidas en las medidas estadounidenses.
Sin embargo, sostuvo que los señalamientos en su contra tienen su origen en denuncias anónimas presentadas ante la Fiscalía General de la República en 2025 y aseguró que no ha sido llamado por las autoridades mexicanas para comparecer y responder a las acusaciones.
Dentro de las acciones estadounidenses también fue señalado Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos, además de otras personas y empresas presuntamente relacionadas con operaciones financieras y de lavado de dinero en beneficio de la estructura criminal.
Con la publicación oficial, las restricciones económicas contra Carlos Torres permanecen vigentes mientras continúa la controversia por los señalamientos que alcanzan al exesposo de la gobernadora de Baja California.
