Ciudad de México.
Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) requerir a las autoridades estadounidenses una ampliación de la información.
Durante una conferencia de prensa, Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, señaló que en la solicitud recibida no se incluyen pruebas que sustenten la presunta comisión de delitos ni elementos que justifiquen la urgencia de una detención provisional.
El funcionario explicó que la petición enviada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no constituye un proceso formal de extradición, sino una solicitud de medida cautelar con fines de detención provisional, conforme al tratado bilateral entre México y Estados Unidos.
Asimismo, subrayó que este tipo de medidas implican restricciones a derechos humanos, por lo que deben estar respaldadas por fundamentos y evidencias sólidas, lo cual —dijo— no se advierte en el expediente inicial.
La FGR indicó que se encuentra en espera de que el gobierno estadounidense proporcione mayor documentación, a fin de realizar un segundo análisis que permita determinar si la solicitud cumple con los requisitos legales.
Por su parte, autoridades federales reiteraron que el compromiso es actuar conforme a la ley, garantizar el debido proceso y salvaguardar la soberanía nacional, sin emitir por ahora un posicionamiento definitivo sobre el caso.