El Gobierno de México rechazó que la información disponible permita acreditar la existencia de un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras, luego de que expertos en derechos humanos vinculados a los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas expresaran preocupación por los niveles de violencia que enfrentan principalmente mujeres dedicadas a localizar a sus familiares desaparecidos.
La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondieron que los cuatro expertos que emitieron los señalamientos ejercen sus mandatos a título personal y de manera independiente, por lo que precisaron que sus opiniones no representan una postura institucional de la Organización de las Naciones Unidas.
Los especialistas habían advertido sobre los riesgos que enfrentan las mujeres buscadoras en México y señalaron casos recientes registrados en Sinaloa, entre ellos desapariciones, agresiones y asesinatos de integrantes de colectivos.
También subrayaron que la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de los casos son responsabilidades del Estado y no deben recaer sobre las familias, aunque estas tienen derecho a participar en los procesos.
Gobierno reconoce desafíos en materia de desapariciones
En su respuesta, las autoridades federales reiteraron su compromiso con las familias de personas desaparecidas y no localizadas, además de condenar cualquier acto de violencia cometido contra buscadoras y miembros de colectivos.
Segob y SRE reconocieron que México enfrenta desafíos en búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia, y señalaron que se han impulsado reformas, políticas públicas y otras acciones para atender esta problemática.
Las dependencias destacaron además la cooperación con organismos internacionales para fortalecer la asistencia técnica y capacitación de las instituciones mexicanas.
El Gobierno federal sostuvo que “la información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras” y aseguró que cada caso debe ser atendido con la debida diligencia.
Asimismo, señaló que autoridades federales han mantenido encuentros con familiares y organizaciones de búsqueda en distintas partes del país para conocer sus planteamientos.
Búsqueda de desaparecidos, una obligación del Estado
El Gobierno de México reiteró que localizar a las personas desaparecidas constituye una obligación de las instituciones públicas y afirmó que la atención de esta problemática se mantiene entre sus prioridades nacionales.
También sostuvo que existe un marco jurídico e institucional para prevenir, investigar y sancionar estos delitos, así como para brindar protección y reparación a las víctimas.
Finalmente, Segob y SRE manifestaron su disposición para mantener el diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos y proporcionar información sobre las acciones implementadas en México frente a la crisis de desapariciones.
