Houston, Texas.— Un gran jurado del condado de Harris, Texas, formalizó cargos penales contra Mario Alberto Morales, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), acusado de atropellar deliberadamente a un migrante mexicano durante un operativo realizado en Houston.
El agente enfrenta una acusación por agresión agravada con un arma mortal, luego de que presuntamente utilizara su propio vehículo para embestir a Miguel Parra-Hernández, quien sufrió múltiples fracturas y lesiones de gravedad.
De acuerdo con la investigación presentada por la Fiscalía del condado de Harris, los hechos ocurrieron el 10 de octubre de 2025, cuando Morales participaba en una operación para localizar a una persona. Sin embargo, habría confundido el vehículo de Parra-Hernández con el de su objetivo.
Según las pruebas recopiladas, cuando el migrante descendió de su automóvil, el agente lo habría embestido con un Jeep sin distintivos oficiales.
Uno de los elementos señalados durante la investigación es que, presuntamente, el propio Morales reconoció en su cámara corporal que había atropellado al hombre. No obstante, durante una llamada al número de emergencias 911 habría ofrecido una versión distinta, asegurando que el migrante había chocado contra su vehículo.
FISCALÍA SEÑALA IRREGULARIDADES
El fiscal del condado de Harris, Sean Teare, confirmó la emisión de una orden de arresto contra el agente y señaló que la investigación también detectó otras irregularidades durante el operativo.
Entre ellas, se encuentra el traslado de dos personas detenidas en el asiento trasero del vehículo oficial, quienes presuntamente viajaban sin cinturón de seguridad durante la persecución.
El fiscal también cuestionó los antecedentes y el proceso de contratación del agente, quien habría sido incorporado durante el programa de reclutamiento acelerado impulsado por la administración de Donald Trump en agosto de 2025.
ICE CALIFICA LA ACUSACIÓN COMO UNA MANIOBRA POLÍTICA
Por su parte, un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas rechazó los señalamientos y calificó la acusación penal como una “maniobra política”, además de defender el profesionalismo de sus agentes.
El caso plantea un desafío jurídico debido a que los agentes federales pueden invocar la cláusula de supremacía de la Constitución estadounidense para solicitar protección frente a procesos penales estatales cuando argumentan que actuaban en cumplimiento de sus funciones oficiales.
Mientras avanza el procedimiento legal, Miguel Parra-Hernández permanece bajo custodia del ICE en un centro de rehabilitación, donde continúa recuperándose de las lesiones sufridas durante el incidente.
La acusación abre un nuevo capítulo de controversia sobre las actuaciones de los agentes migratorios y los límites de su autoridad durante los operativos en territorio estadounidense.
