Julieta Ramírez, senadora con licencia de Morena y aspirante a la candidatura por la gubernatura de Baja California, rechazó los señalamientos que la colocan en una supuesta negociación con autoridades de Estados Unidos para proporcionar información como testigo colaborador.
La controversia surgió después de que se difundiera la existencia de un supuesto proffer agreement, un acuerdo preliminar utilizado por autoridades estadounidenses para recibir información de una persona y posteriormente valorar si puede existir algún tipo de beneficio a cambio de su cooperación.
Según la información difundida, el documento estaría relacionado con autoridades federales estadounidenses en San Diego y llevaría la firma de Ramírez. La versión sostiene que la legisladora habría aceptado proporcionar información y reunirse con fiscales y agentes federales.
Hasta ahora no se ha precisado públicamente qué asunto estaría detrás de la supuesta colaboración ni qué información podría aportar la política bajacaliforniana.
Ramírez reaccionó en sus redes sociales y desacreditó la información. Con un mensaje en tono irónico, calificó el tema como un nuevo episodio de “guerra sucia” y aseguró que continuará adelante con sus actividades políticas.
La senadora pidió licencia a su cargo el pasado 17 de junio para concentrarse en sus aspiraciones políticas en Baja California, donde busca posicionarse rumbo a la candidatura de Morena para las elecciones de 2027.
No es la primera ocasión en que versiones relacionadas con autoridades estadounidenses rodean a Ramírez. Durante este año también circularon señalamientos sobre una supuesta cancelación de su visa, algo que ella rechazó públicamente e incluso posteriormente mostró el documento durante un acto.
La política mantiene una trayectoria cercana a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Antes de llegar al Congreso federal, Ramírez trabajó como secretaria particular de Ávila Olmeda durante su administración municipal en Mexicali.
El nuevo señalamiento aparece mientras Morena se prepara para definir a quien encabezará su proyecto político en Baja California en las elecciones del próximo año.
Por ahora, la supuesta negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos permanece como una versión periodística rechazada por Ramírez. No se ha informado oficialmente qué investigación estaría relacionada con el presunto acuerdo ni se ha dado a conocer alguna acusación penal derivada del mismo.
