DURANGO.
Mónica ya había notado comportamientos raros en sus hijas de 5 y 4 años. Hace exactamente un año se separó del que era su marido, que la forzó a firmar un acuerdo de custodia compartida tras llevarse a las niñas, por lo que incluso fue declarado culpable ante la justicia del delito de sustracción de menores. Hasta que en abril pasado, ya en plena cuarentena por COVID-19 en la que pasaban días enteros con su papá en casa de los abuelos, la terapeuta que las veía tras el divorcio le dijo que tenían síntomas de ser víctimas de violencia sexual infantil.
Ella acudió a denunciar presunto abuso sexual “contra quien resulte responsable”, todavía incrédula de que pudiera estar ocurriendo dentro de la propia familia. Aunque estadísticas oficiales apuntan a que así ocurre en el 60% de casos.
Pero en los siguientes meses, las declaraciones de las niñas y un peritaje externo han apuntado a dos personas de riesgo: su papá y su abuelo. Ambos, identificados como Mauricio “N”, son empresarios conocidos en Durango, razón por la que Mónica sospecha que las autoridades han obstaculizado las investigaciones del caso.
Tras esa primera denuncia, la psicóloga adscrita al Ministerio Público le dijo que sí estaba ocurriendo algo, pero las niñas todavía no lo verbalizaban claramente por ser tan pequeñas, así que las redirigió al DIF. Pero ahí, aunque primero le dieron buenas esperanzas, según Mónica todo cambió cuando supieron quién era la familia, y decidieron hacer solo cuatro sesiones de terapia de las que se fue peor que cuando llegó.
“Salen las niñas de con ella, y lo que me dice así como en resumen es: pues es que las niñas se ven bien, lo único que extrañan es tener a sus papás juntos, ¿por qué no te reconcilias con su papá? Y digo ¡cómo! Nos da cita para la siguiente semana, las llevo otra vez a consulta con ella y en resumidas cuentas me pregunta: ¿oye y a ti de qué te serviría saber si tus hijas son víctimas de abuso sexual infantil o no?”.
Después de las cuatro sesiones, además de decirle que no lograron que las niñas comunicaran más y que quizá solo extrañaban a su papá y por eso le sugerían reconciliarse con él, le explicaron que el DIF ni siquiera hacía peritajes, así que su análisis de cualquier manera no hubiera tenido valor legal.
“Y que al llevarlas yo ahí con ella yo las estaba revictimizando y las estaba vulnerando, que nunca debí de haberlas llevado con ella. Yo le respondo que estoy siguiendo los protocolos que me indicaron, yo acudí al Centro de Justicia para la Defensa del Menor, me indicaron esto y estoy haciendo lo conducente, si ustedes creen que es vulnerar a mis hijas, que es revictimizarlas, pues no las hubiera recibido, se hubieran negado”, recuerda.
El informe del DIF fue descartado e invalidado por el Hospital Psiquiátrico de Durango, a donde las redirigieron. Lo peor, fue que al regresar a la Fiscalía, resultó que habían cambiado al Ministerio Público que llevaba el caso y la valoración que sí les habían hecho ahí, desapareció. Esa carpeta de investigación actualmente ya quedó inactiva.
Mónica cuenta que no erá la primera vez que sentía una actuación tendenciosa del DIF.
El 28 de noviembre de 2019, un día antes de que su entonces marido desapareciera de la casa con las niñas, el abuelo paterno presentó ante ese organismo una queja contra ella por omisión de cuidados y dijo que las pequeñas llevaban cuatro meses viviendo con él y su abuela. Y cuando el personal fue a verificarlo, reportó que los abuelos dijeron que las pequeñas estaban en una actividad extraescolar y por eso no las podían entrevistar en ese momento.
En el juicio de sustracción de menores contra el padre de las niñas quedó demostrado que aquello era falso y hay fotografías de cámaras de vigilancia que prueban que todavía ese día, ellas estaban con su mamá.
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