“No somos voceros”. Con esa postura, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, respondió a la controversia que involucra a su exesposo, Carlos Alberto Torres Torres, después de que autoridades estadounidenses lo colocaran bajo sanciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La mandataria evitó asumir una defensa pública de Torres y dejó el caso en manos de las instancias competentes. Señaló que serán las autoridades las encargadas de investigar los señalamientos y, en su caso, establecer responsabilidades.
Su posicionamiento ocurre después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyera a Torres dentro de un amplio paquete de sanciones dirigido contra personas y empresas presuntamente relacionadas con operaciones del Cártel de Sinaloa.
¿Qué señala Estados Unidos?
La acción estadounidense alcanzó a 21 personas y 25 entidades.
Entre los nombres incluidos se encuentra Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales dirigentes de la facción de Los Mayos.
En el caso específico de Carlos Torres, el Departamento del Tesoro lo describe como un operador político y sostiene que habría aprovechado sus relaciones e influencia para favorecer actividades de la organización criminal en Baja California.
Las autoridades estadounidenses también lo relacionan con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, señalado como un operador con presencia en Mexicali.
De acuerdo con las acusaciones difundidas por Estados Unidos, Torres presuntamente habría recibido pagos vinculados con esquemas de protección para permitir operaciones criminales con menor intervención de las autoridades.
Estos señalamientos forman parte de la argumentación utilizada por el gobierno estadounidense para imponer las sanciones y deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.
Las consecuencias llegan a México
El anuncio no quedó limitado a Estados Unidos.
Después de conocerse las designaciones de la OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera de México incorporó de manera preventiva a las personas y empresas señaladas a su Lista de Personas Bloqueadas.
La UIF informó que la decisión se tomó después de analizar información financiera y detectar, entre algunos de los sujetos incluidos, operaciones consideradas de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.
Las sanciones estadounidenses alcanzan además a empresas presuntamente relacionadas con integrantes de esta red, entre ellas negocios vinculados con actividades inmobiliarias, restauranteras y comerciales.
Marina del Pilar separa el caso de su gobierno
Frente a las acusaciones, Marina del Pilar dejó claro que las explicaciones de Carlos Torres deberán provenir de él mismo y no de su administración.
La gobernadora se deslindó de los posicionamientos que pueda realizar su exesposo y sostuvo que su gobierno no será intermediario para responder por un asunto que corresponde esclarecer a las autoridades.
Carlos Torres ha rechazado públicamente las acusaciones y ha manifestado que buscará aclarar su situación ante las instancias correspondientes.
Por ahora, las sanciones colocan al exesposo de la gobernadora dentro de una acción financiera de mayor alcance contra personas y empresas que Estados Unidos relaciona con el Cártel de Sinaloa, mientras Marina del Pilar mantiene una línea definida frente al caso: su gobierno no hablará en nombre de Torres y serán las investigaciones las que determinen responsabilidades.
