El gobierno de México inició una investigación formal tras confirmarse que fragmentos del cohete Starship de SpaceX, que explotó durante una prueba en Texas el 18 de junio, cayeron en territorio mexicano, principalmente en zonas costeras de Tamaulipas.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se han detectado restos metálicos, tanques y piezas térmicas que podrían estar contaminando la región y afectando el ecosistema local, incluyendo la fauna marina. Por ello, el gobierno analiza la violación de normas internacionales y no descarta emprender acciones legales contra SpaceX.
SpaceX, por su parte, sostiene que los escombros no representan riesgos químicos ni biológicos y calificó los restos como propiedad de la empresa. Además, ha solicitado la cooperación de autoridades mexicanas para la recuperación de los materiales, aunque ha enfrentado dificultades debido a la presencia de terceros en los terrenos afectados.
Este conflicto surge en un contexto de creciente actividad aeroespacial en la región y la ampliación del número de lanzamientos autorizados por la FAA, a pesar de las preocupaciones de México y organizaciones ambientales.