El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que su país podría emprender en breve una estrategia más agresiva contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con la corrupción y el crimen organizado, en el marco de la política impulsada por el presidente Donald Trump.
Durante un evento en Los Mochis, Sinaloa, el diplomático señaló que la corrupción representa un obstáculo directo para el crecimiento económico, al distorsionar los mercados, elevar costos y debilitar la confianza de inversionistas. En ese contexto, adelantó que podrían implementarse “medidas significativas”, que irían más allá de la cancelación de visas.
De acuerdo con fuentes cercanas a la relación bilateral, la estrategia incluiría incluso la posibilidad de presentar cargos en tribunales federales estadounidenses contra políticos mexicanos señalados por presuntos nexos con el crimen organizado. Este enfoque marcaría un giro relevante en la cooperación entre ambos países en materia de combate a la corrupción.
Actualmente, el gobierno estadounidense ya ha retirado visas a algunos actores políticos mexicanos. Entre los casos señalados se encuentra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha rechazado en diversas ocasiones cualquier vínculo con grupos delictivos.
Las declaraciones del embajador se dieron en el marco de la inauguración de una planta de metanol considerada una de las inversiones privadas más importantes de Estados Unidos en México. Sin embargo, el mensaje central giró hacia la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y garantizar condiciones de transparencia para atraer capital extranjero.
En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración trabaja en el combate a la corrupción, y sostuvo que esta tarea debe ser compartida por ambos países.
El anuncio ocurre en un momento clave para la relación bilateral, mientras continúan las negociaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá. Analistas advierten que una ofensiva de este tipo podría generar tensiones diplomáticas, especialmente si alcanza a figuras relevantes del ámbito político nacional.
Además, autoridades estadounidenses podrían apoyarse en testimonios de exintegrantes del crimen organizado detenidos en ese país, algunos de los cuales han mostrado disposición a colaborar con información sobre redes de corrupción.
El pronunciamiento en Sinaloa —estado identificado como bastión histórico del narcotráfico— fue interpretado como una señal directa de que Washington busca endurecer su postura frente a la impunidad y los vínculos entre política y crimen organizado en México.