Una jueza federal rechazó la solicitud de libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, al determinar que no cumple con los requisitos que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal para obtener dicho beneficio. Con la resolución, Duarte permanecerá en prisión los cinco meses restantes de su condena de nueve años por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
La decisión fue emitida por la jueza Ángela Zamorano Herrera tras una audiencia de más de una hora, en la que concluyó que el exmandatario no acreditó su participación en actividades educativas, deportivas, culturales y recreativas, indispensables para demostrar su proceso de readaptación social.
Además, la juzgadora consideró determinante la existencia de un proceso penal abierto por desaparición forzada, independientemente de que la imputación contra Duarte sea por presuntamente haber obstaculizado una investigación. Recordó que el delito amerita prisión preventiva oficiosa, lo cual imposibilita cualquier beneficio de libertad anticipada.
Zamorano detalló que, si bien la defensa obtuvo una resolución que sobreseyó el caso de desaparición forzada, esta aún no está firme, debido a que la Fiscalía de Veracruz interpuso una apelación. Por ello, el requisito legal queda incumplido.
La jueza subrayó que la defensa tampoco presentó pruebas suficientes que confirmaran la participación de Duarte en los programas requeridos para evaluar su readaptación, señalando que “no se contó con medio de prueba alguna”.
Al término de la audiencia, el abogado del exgobernador, Pablo Campuzano, criticó la resolución y afirmó que el proceso por desaparición forzada debió ser considerado cerrado, argumentando que uno de los testigos que lo involucran habría sido víctima de tortura. Anunció que interpondrá una apelación contra la decisión.
Con este fallo, Javier Duarte, quien gobernó Veracruz entre 2010 y 2016, se encamina a cumplir íntegramente su condena, mientras continúa enfrentando procesos pendientes en los tribunales mexicanos.