Mientras el Ayuntamiento de Tequila enfrenta una severa crisis financiera que le impide cubrir el pago de aguinaldos a sus trabajadores, el alcalde morenista Diego Rivera Navarro ha sido señalado por encabezar eventos festivos financiados con recursos públicos y por rifar un automóvil rotulado con propaganda de Morena, lo que ha generado cuestionamientos sobre el manejo del erario municipal.
La falta de liquidez obligó al gobierno municipal a solicitar un adelanto de participaciones federales correspondientes al ejercicio fiscal 2026, por un monto aproximado de 19 millones de pesos, luego de que una institución bancaria le negara un crédito puente debido al mal manejo administrativo y financiero del municipio.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que el Ayuntamiento de Tequila recurrió al Gobierno del Estado tras no contar con los recursos suficientes para cumplir con el pago de las prestaciones de fin de año, responsabilidad que atribuyó directamente a la deficiente administración del alcalde.
“El municipio de Tequila pidió un crédito puente a un banco para poder pagar los aguinaldos y se lo negaron por el mal manejo administrativo y financiero. Ahora viene con el Gobierno del Estado a pedir que se le adelanten participaciones porque no tiene ni para pagar los aguinaldos”, declaró el mandatario estatal.
Lemus Navarro indicó que, pese a la situación, esta misma semana se realizará el depósito del adelanto de recursos para garantizar que los trabajadores municipales reciban su aguinaldo, aunque subrayó que se trata de una medida extraordinaria ante la incapacidad financiera del ayuntamiento.
La crisis económica del municipio ocurre en un contexto de señalamientos graves contra la administración de Diego Rivera Navarro. El gobernador confirmó que una empresa tequilera presentó recientemente una denuncia ante la Fiscalía del Estado por presunta extorsión en contra de varios funcionarios municipales, incluido el propio presidente municipal.
A ello se suman denuncias por violencia política en razón de género, interpuestas por tres regidoras del Ayuntamiento, quienes ya cuentan con dispositivos “Pulso de Vida” como medida de protección. De acuerdo con el Gobierno del Estado, las denunciantes pertenecen a distintas fuerzas políticas: una al PRI, otra a Morena y una más es independiente.
Pese a este escenario de señalamientos legales y problemas financieros, la administración municipal ha sido cuestionada por el uso de recursos públicos en eventos festivos y acciones de promoción política, lo que ha encendido el debate sobre las prioridades del gobierno local y la transparencia en el ejercicio del presupuesto.