El expresidente Enrique Peña Nieto rompió el silencio este lunes tras la difusión de una serie de notas periodísticas que lo vinculan con presuntos sobornos por 25 millones de dólares relacionados con contratos del software espía Pegasus durante su gobierno. En un mensaje difundido en su cuenta de X y en entrevista con Ciro Gómez Leyva, el exmandatario negó categóricamente haber recibido pagos ilegales y acusó a medios nacionales de actuar “con dolo y mala fe”.
La controversia surgió a partir de una publicación del medio israelí The Marker, que hace referencia a un laudo arbitral entre dos empresarios, Uri Ansbacher y Avishay Neriah, socios en empresas vinculadas a la firma NSO Group, desarrolladora de Pegasus. En dicho laudo se menciona una inversión de 25 millones de dólares destinada a afianzar relaciones con un personaje identificado únicamente como “N, presidente electo en 2012”.
Aunque The Marker no menciona expresamente a Peña Nieto, diversos medios mexicanos interpretaron la referencia como una alusión directa al exmandatario priista, lo que detonó un alud de críticas y especulaciones.
“Me sorprende la ligereza y mala fe con la que algunos medios han difundido información que, además de falsa, busca poner en entredicho mi honorabilidad”, declaró Peña Nieto. Añadió que nunca tuvo facultades para adjudicar contratos y calificó de “tendenciosa” la lectura que se ha hecho del documento legal israelí.
La polémica escaló rápidamente a nivel político. La presidenta Claudia Sheinbaum, durante una conferencia de prensa, consideró “tremendas” las acusaciones señaladas en el arbitraje, aunque reconoció que el documento no menciona nombres concretos. “Habla de un ‘N’, presidente electo en 2012, lo cual coincide con Peña Nieto, pero no lo identifica directamente. Aun así, debe investigarse”, afirmó.
Por su parte, la organización Artículo 19 llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a iniciar una investigación formal basada en los elementos contenidos en el laudo arbitral. “El Estado mexicano tiene la obligación de esclarecer estos posibles actos de corrupción transnacional”, subrayó la organización en un comunicado.
El caso revive las críticas al uso de Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto, cuando periodistas, activistas y opositores fueron blanco de espionaje. Si bien la administración negó entonces haber utilizado el software con fines políticos, múltiples investigaciones han documentado irregularidades en su adquisición y uso.
Un documento en disputa
El origen de las acusaciones no está en una investigación penal, sino en un procedimiento de arbitraje entre socios comerciales que se disputan el control de activos tecnológicos. El documento, según especialistas, carece por ahora de valor probatorio en México, pero podría abrir la puerta a nuevas indagatorias si la FGR decide tomar cartas en el asunto.
Mientras tanto, Peña Nieto enfrenta uno de los episodios más delicados desde su salida del poder en 2018. Aunque vive fuera del país y ha mantenido un perfil bajo, los nuevos señalamientos vuelven a colocar su figura en el centro del debate público sobre la corrupción, la impunidad y el uso indebido de tecnología en el Estado mexicano.