La modificación constitucional obligará a quienes tengan una segunda nacionalidad a renunciar a ella si pretenden competir por la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Tener doble nacionalidad no dejará de ser un derecho para los mexicanos, pero sí podría convertirse en un impedimento para quienes aspiren a encabezar determinados poderes ejecutivos del país.
La reforma constitucional aprobada por el Senado establece que las personas interesadas en competir por la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana. Quienes posean otra tendrán que renunciar a ella y acreditar legalmente que dejaron de mantener ese vínculo con otro Estado antes de registrarse como candidatos.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó este miércoles la modificación y sostuvo que una persona que asume una responsabilidad de esa naturaleza debe mantener su compromiso exclusivamente con México.
La mandataria rechazó que el cambio implique retirar el derecho a la doble nacionalidad a los mexicanos que viven dentro o fuera del país. La restricción, explicó, se circunscribe a quienes pretendan ocupar los cargos contemplados por la reforma.
El tema generó posiciones encontradas durante su discusión legislativa. Mientras quienes respaldan la modificación argumentan que busca evitar posibles conflictos derivados de mantener vínculos jurídicos con dos países, legisladores de oposición han advertido que la disposición podría limitar los derechos políticos de mexicanos con doble nacionalidad, particularmente de integrantes de comunidades migrantes.
La reforma modifica disposiciones constitucionales relacionadas con los requisitos para ocupar esos cargos y contempla que las nuevas condiciones sean aplicables a partir del proceso electoral de 2028.
Al tratarse de una modificación constitucional, el procedimiento requiere también la aprobación de la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas antes de completar el proceso correspondiente para su entrada en vigor.
