En apenas seis años, el acceso a la salud en México sufrió un retroceso histórico: el número de personas sin servicios médicos prácticamente se duplicó al pasar de 20.1 millones en 2018 a 41.9 millones en 2024, lo que equivale al 34% de la población, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La cifra refleja un aumento de 21.8 millones de personas sin cobertura en este periodo, un fenómeno que afecta sobre todo a los hogares con menores ingresos y que especialistas calificaron como “alarma roja” para la política social del país.
De acuerdo con la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el problema es más grave en los estados de Chiapas, Puebla, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Estado de México, donde más del 40% de la población carece de acceso a servicios de salud.
El deterioro golpea con mayor fuerza a los sectores más pobres: mientras en el decil I (el de menor ingreso) se contabilizan 9.7 millones de personas sin atención médica, en el decil X (el de mayores recursos) la cifra es de 1.8 millones.
Paulina Gutiérrez, directora operativa de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, advirtió que esta situación “requiere acciones urgentes que reviertan el retroceso y garanticen servicios con calidad y equidad, priorizando a quienes viven en pobreza y pobreza extrema”.
Otros especialistas subrayaron que la desigualdad en el acceso está estrechamente vinculada al empleo: el 36% de la población ocupada —22.7 millones de trabajadores— no tiene cobertura, siendo los de menores ingresos los más afectados.
Carlos Vázquez, investigador de México Evalúa, detalló que actualmente “el 34% se atiende en el sector público, el 66% en el privado y un 6% de la población no recibe ningún tipo de atención médica”. Además, señaló que los hogares han duplicado su gasto en medicamentos: en 2018 destinaban en promedio 222 pesos trimestrales, mientras que en 2024 la cifra subió a 480 pesos.
Por su parte, Judith Méndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), advirtió que el presupuesto público en salud también ha disminuido: “En 2018 representaba el 4.6% del PIB, y para 2026 se prevé que caiga a 1.7%. Esta falta de inversión se traduce en mayor presión para los hogares, que destinan hasta el 40% de su gasto en medicamentos”.
Los especialistas coincidieron en que la fragmentación del sistema de salud limita el cumplimiento del derecho universal a la atención médica. “La salud no debe depender del estatus laboral ni ser considerada solo una prestación. Es un derecho que debe garantizarse de manera integral y universal”, concluyeron.