A gran velocidad, el Senado de la República aprobó la noche de este miércoles la reforma a la Ley de Amparo, apenas unas horas después de recibir la minuta enviada por la Cámara de Diputados, concluyendo así su proceso legislativo.
Con 82 votos a favor de Morena y sus aliados y 38 en contra de la oposición, la minuta fue avalada sin modificaciones, con dispensa de trámites, y fue enviada al Ejecutivo federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.
Debate polarizado
Durante la discusión, senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano reiteraron su rechazo a la reforma, argumentando que introduce efectos retroactivos que podrían vulnerar derechos adquiridos y restringir el amparo colectivo, instrumento que permite a grupos de ciudadanos protegerse frente a actos de autoridad.
La senadora Carolina Viggiano (PRI) advirtió que los cambios buscan facilitar el cobro de créditos fiscales pendientes, estimados en más de 2 billones de pesos, de los cuales —dijo— 190 mil corresponden a micro y pequeños negocios.
Por su parte, el coordinador de MC, Clemente Castañeda, y la panista Guadalupe Murguía señalaron que los ajustes aprobados “maquillan” el texto original, pero no eliminan la posibilidad de aplicar las disposiciones de manera retroactiva.
Respuesta de Morena
El morenista Javier Corral respondió que la oposición “envenena el debate” con afirmaciones falsas o sin sustento.
“Desde el Senado se dejó claro que los amparos colectivos sí proceden y que no hay afectación a derechos adquiridos. Solo aplica a actuaciones procesales futuras”, sostuvo.
El senador Enrique Inzunza agregó que la modificación al artículo transitorio fue revisada por expertos y se ajusta a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Citando a San Agustín, Inzunza señaló: “Qué serían los reinos sin justicia, sino una banda de ladrones”, y afirmó que eso fue México “durante el PRIAN y el neoliberalismo”.
A su vez, el morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara defendió la constitucionalidad de la reforma al subrayar que la Ley de Amparo es de carácter procesal, por lo que “no hay retroactividad ni persecución política”, sino un intento por evitar abusos judiciales de grandes corporaciones.
“El propósito es garantizar mayor certeza jurídica en los juicios y frenar el uso excesivo del amparo con fines de evasión fiscal”, dijo, al referirse a casos donde un solo contribuyente habría promovido más de 2,400 amparos directos y 1,600 indirectos.
En espera de publicación
Con esta votación, el Congreso concluyó la aprobación de una de las reformas más debatidas del paquete legislativo impulsado por el Ejecutivo, la cual entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.