Tener una segunda nacionalidad podría convertirse en un impedimento para llegar a la Presidencia de México, gobernar un estado o encabezar el Gobierno de la Ciudad de México.
El Senado aprobó una reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana exclusiva como requisito para ocupar las principales titularidades del Poder Ejecutivo del país.
El dictamen obtuvo 86 votos a favor y 42 en contra y modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.
La propuesta establece que una persona con doble nacionalidad que pretenda competir por alguno de estos cargos tendría que renunciar a la nacionalidad extranjera antes de solicitar su registro como candidata.
Las nuevas disposiciones abarcan tres tipos de cargos: la Presidencia de la República, las gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Además, durante el ejercicio del cargo, las personas sujetas a estas reglas no podrían adquirir o solicitar otra nacionalidad ni recurrir a documentos de identidad extranjeros o a la protección diplomática de otro país.
Soberanía y derechos políticos dividen al Senado
La discusión mostró dos posturas distintas sobre los alcances de la modificación constitucional.
Legisladores de Morena defendieron el cambio bajo argumentos relacionados con la responsabilidad constitucional, la soberanía nacional y las obligaciones de quienes encabezan los poderes ejecutivos.
Desde la oposición se cuestionó que la medida pueda restringir los derechos políticos de mexicanos que adquirieron una segunda nacionalidad, particularmente integrantes de comunidades migrantes. Senadores del PAN manifestaron públicamente su rechazo al dictamen bajo ese argumento.
La reforma tiene su origen en una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y previamente recibió el aval de la Cámara de Diputados.
Reforma todavía no concluye su camino
La aprobación del Senado no significa que el cambio constitucional ya esté vigente.
Al tratarse de una modificación a la Constitución, el proyecto debe continuar el procedimiento previsto para este tipo de reformas y ser sometido a consideración de las legislaturas de los estados.
De completar ese proceso, las nuevas disposiciones modificarán los requisitos constitucionales para quienes pretendan encabezar el Poder Ejecutivo federal o alguno de los ejecutivos locales contemplados por la reforma.
El cambio abre así una nueva condición para las futuras aspiraciones políticas: quienes busquen alguno de esos cargos deberán cumplir con el requisito de nacionalidad mexicana exclusiva en los términos que establezca la reforma constitucional.
