La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó la reforma constitucional en materia de nacionalidad única, con la que se establecerá como requisito no tener otra nacionalidad distinta a la mexicana para quienes busquen encabezar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La modificación alcanza los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece que, en caso de contar con otra nacionalidad, la persona interesada deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó previamente que la reforma ya había superado el proceso legislativo federal y había recibido el respaldo necesario de los congresos estatales para avanzar como modificación constitucional.
El cambio no impide que los ciudadanos mexicanos tengan doble o incluso múltiples nacionalidades. La restricción se concentra específicamente en quienes pretendan ocupar las titularidades de los poderes ejecutivos federal y locales contempladas por la reforma.
Quienes tengan doble nacionalidad y aspiren a alguno de estos cargos deberán acreditar su renuncia a la otra nacionalidad conforme a las disposiciones que se establezcan en la legislación secundaria. Además, mientras desempeñen el cargo tampoco podrán adquirir otra nacionalidad ni invocar ante autoridades extranjeras una distinta de la mexicana.
La presidenta Sheinbaum ha sostenido que el propósito de la modificación es que quienes encabecen estos gobiernos mantengan únicamente la nacionalidad mexicana durante el ejercicio de sus responsabilidades. La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo federal a finales de agosto.
Entrará en aplicación electoral a partir de 2028
Aunque la reforma entrará en vigor después de su publicación oficial, las nuevas condiciones para las candidaturas serán aplicables a partir del proceso electoral correspondiente a 2028, por lo que no modificarán las reglas de los procesos electorales de 2027.
El Congreso de la Unión deberá realizar además las adecuaciones correspondientes a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral, mientras que las entidades federativas tendrán que armonizar sus constituciones y normas electorales con las nuevas disposiciones.
