En un hecho poco común, únicamente un diputado de los 58 integrantes de la Comisión de Presupuesto acudió de manera presencial a la sesión donde se aprobó la opinión sobre la Ley General de Extorsión. La reunión duró apenas 18 minutos y fue conducida por la secretaria técnica, Irma Virginia Minero Ramos, ante la ausencia física de la presidenta de la comisión, Merilyn Gómez Pozos (Morena), quien participó de forma remota desde su domicilio.
El único legislador presente en el salón de Protocolo, el recinto más grande de la Cámara de Diputados, fue Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del PT, quien levantó la mano para aprobar el dictamen. Mientras tanto, 44 diputados se conectaron vía remota y 13 no participaron en absoluto. La falta de asistencia presencial generó críticas dentro y fuera de la comisión, dado que se trataba de un tema sensible por su impacto en la seguridad pública.
La Ley General de Extorsión tiene como objetivo homologar el tipo penal en todo el país y garantizar que este delito sea perseguido de oficio, sin depender del monto económico de la víctima. La iniciativa contempla penas de seis a 15 años de prisión y agravantes en casos de cobro de piso, víctimas menores de edad o migrantes, participación de servidores públicos o cuando los hechos se cometan desde un centro penitenciario.
El episodio evidencia la poca asistencia física en sesiones legislativas, incluso en discusiones sobre leyes de alto impacto social, y reaviva el debate sobre la eficacia y responsabilidad de los diputados en la atención de temas prioritarios para la seguridad nacional.