El Gobierno de México reclamó a Estados Unidos la falta de reciprocidad en materia de extradiciones, al señalar que desde 2018 se han realizado cientos de solicitudes sin que hasta ahora se concrete la entrega de alguna de las personas requeridas por autoridades mexicanas.
Durante la conferencia presidencial, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que, entre el 1 de enero de 2018 y el 13 de mayo de 2026, México haya presentado 269 solicitudes de extradición y detención provisional, mientras que ninguna persona reclamada ha sido entregada por el gobierno estadounidense.
La mandataria sostuvo que existen casos considerados prioritarios relacionados con delincuencia organizada, desvío de recursos, exgobernadores, operadores financieros y personas vinculadas con el caso Ayotzinapa.
Por su parte, autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores detallaron que de las 269 solicitudes realizadas por México, 36 fueron rechazadas y 233 continúan pendientes de resolución.
De los casos aún abiertos, 183 corresponden a peticiones formales de extradición y 50 son solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Además, en 47 de esos expedientes, Estados Unidos solicitó información adicional para continuar con el proceso.
El tema tomó relevancia luego de que autoridades estadounidenses solicitaran la detención provisional de 10 funcionarios y políticos vinculados a Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
En respuesta, el gobierno mexicano reiteró que cualquier procedimiento de extradición debe sustentarse con pruebas suficientes y bajo mecanismos de cooperación bilateral.
Entre los casos mencionados por autoridades mexicanas destaca el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso ilícito de atribuciones.
También figura el empresario y abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, señalado por presuntos vínculos con una red de empresas fachada y desvío de recursos públicos. En este caso, Estados Unidos negó la extradición argumentando que los delitos imputados no eran considerados violentos.
Asimismo, México mantiene abierta la solicitud de detención contra José Ulises “N”, relacionado con el caso Ayotzinapa, expediente en el que las autoridades estadounidenses también solicitaron mayor información.
El gobierno federal insistió en que la cooperación entre ambos países debe basarse en condiciones de igualdad y reciprocidad jurídica, especialmente ante el incremento de solicitudes y procesos binacionales relacionados con crimen organizado y corrupción.