Gabriel Hernández Tovar, reconocido activista y empresario tamaulipeco, fue asesinado la noche del miércoles en la colonia Loma Real de Jarachina Sur, al sur de Reynosa. La víctima, quien formaba parte del Colectivo 10 de Marzo A.C., fue interceptada por un grupo armado mientras conducía su camioneta Nissan Frontier blanca.
De acuerdo con reportes preliminares, los agresores persiguieron y dispararon contra Hernández Tovar, obligándolo a perder el control del vehículo, que terminó en un canal de aguas negras. Su cuerpo, con múltiples impactos de bala, fue encontrado en el asiento del conductor. Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para recuperar el cadáver, mientras la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación.
Un defensor marcado por el riesgo
Gabriel Hernández era conocido por su labor en la búsqueda de personas desaparecidas y apoyo a víctimas de secuestro. Su activismo estuvo marcado por un hecho crucial en mayo de 2021, cuando fue privado de la libertad por el Cártel del Golfo. Durante su cautiverio, logró documentar desapariciones y ejecuciones, lo que lo convirtió en una figura clave en las denuncias sobre violencia organizada en la región.
Tras su liberación, solicitó protección al Estado mexicano debido a las amenazas constantes que recibía. En abril de este año, un juez federal ordenó que se le brindara custodia permanente. Sin embargo, según denunció Delia Quiroa, fundadora del Colectivo 10 de Marzo, esa protección fue retirada el pasado 10 de julio, apenas seis días antes del ataque.
“El amparo se ganó, pero la custodia fue retirada sin explicación. Gabriel ya había advertido que lo querían silenciar”, declaró Quiroa.
Omisión del Estado y exigencia de justicia
El crimen ha generado profunda indignación entre colectivos y defensores de derechos humanos. La presidenta del colectivo Amor por los Desaparecidos, Edith González, calificó el asesinato como un “reflejo de la vulnerabilidad sistemática” en la que viven quienes buscan justicia en México.
“Para los buscadores, la protección debe ser automática. No se puede esperar a que ocurran tragedias como esta para reaccionar”, exigió González.
Diversas organizaciones han señalado como responsable al Estado mexicano por haber retirado una medida cautelar que ya había sido ordenada judicialmente, y por no garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes arriesgan su vida en la defensa de los derechos humanos.
Hasta ahora, el Gobierno de Tamaulipas no ha emitido declaraciones oficiales sobre el retiro de la custodia ni sobre avances concretos en la investigación del asesinato.
Contexto de violencia contra buscadores
El caso de Gabriel Hernández se suma a una preocupante lista de activistas asesinados en contextos de búsqueda de desaparecidos. De acuerdo con datos de organizaciones civiles, al menos 12 personas dedicadas a esta labor han sido asesinadas desde 2018, muchas de ellas con medidas de protección incumplidas o insuficientes.
El Colectivo 10 de Marzo advirtió que otros de sus integrantes también enfrentan riesgo, incluso estando inscritos en mecanismos de protección. Ante ello, exigieron una reforma legal urgente para que cualquier persona dedicada a la búsqueda de desaparecidos sea protegida de forma inmediata y permanente.