Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, presentó una nueva carta formal ante autoridades judiciales de Estados Unidos en la que solicita la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de impulsar mecanismos diplomáticos que permitan su retorno al país.
El documento, recibido por tribunales estadounidenses el pasado 10 de junio, forma parte de la estrategia legal del exlíder del Cártel de Sinaloa para buscar cambios en su situación jurídica y de reclusión. En el escrito, Guzmán Loera argumenta presuntas violaciones a sus derechos fundamentales y a acuerdos internacionales entre México y Estados Unidos.
Entre los planteamientos expuestos, el narcotraficante sostiene que permanece bajo estrictas condiciones de aislamiento que limitan el contacto con sus familiares, incluidas sus hijas gemelas. Asimismo, cuestiona aspectos relacionados con su proceso judicial y las condiciones de encarcelamiento en el sistema penitenciario de máxima seguridad estadounidense.
La defensa del exlíder criminal también fundamenta parte de sus argumentos en disposiciones de la Ley First Step de 2018 y en señalamientos sobre presuntas irregularidades ocurridas durante el juicio que culminó con su condena en 2019.
La petición busca que el gobierno mexicano analice la posibilidad de intervenir por la vía diplomática, invocando principios de soberanía nacional y cooperación internacional. Sin embargo, hasta el momento no existe una postura oficial sobre la solicitud ni indicios de que pueda modificarse la sentencia que cumple en Estados Unidos.
El nuevo recurso legal vuelve a colocar en la discusión pública la cooperación bilateral en materia de seguridad, extradición y procuración de justicia entre ambos países, así como los alcances de los mecanismos legales que pueden ser utilizados por personas privadas de la libertad para impugnar sus condiciones de reclusión o sus procesos judiciales.