La transición hacia una jornada laboral de 40 horas semanales podría estar acompañada de evaluaciones periódicas para conocer si la reducción realmente mejora las condiciones de los trabajadores y qué consecuencias genera para el mercado laboral del país.
El senador Francisco Daniel Barreda Pavón presentó una iniciativa que plantea obligar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a publicar informes trimestrales sobre la aplicación de la reforma.
La propuesta busca incorporar el artículo 61 Bis a la Ley Federal del Trabajo y establecer un seguimiento público de indicadores relacionados con las horas efectivamente trabajadas, generación de empleos, salarios, productividad e informalidad.
Para elaborar estos reportes podrían utilizarse datos generados por instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y otras dependencias con información relacionada con el mercado de trabajo.
La intención no sería crear un nuevo sistema estadístico, sino reunir bajo una misma metodología los datos disponibles para observar cómo cambia la situación laboral conforme disminuya el límite semanal de horas.
De 48 a 40 horas de manera gradual
La reducción de la jornada será progresiva. Durante 2026 se mantiene el límite de 48 horas semanales y a partir de 2027 comenzará la disminución: 46 horas ese año, 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente 40 horas semanales en 2030.
Precisamente por tratarse de una transición de varios años, la iniciativa considera necesario comparar periódicamente los resultados y detectar posibles cambios en contratación, ingresos, productividad y condiciones de trabajo.
Uno de los puntos que tendrá especial relevancia será la informalidad laboral. De acuerdo con cifras correspondientes a julio de 2026, México registró 60.8 millones de personas ocupadas, de las cuales aproximadamente 34.1 millones se encontraban en la informalidad, equivalente al 56.2 por ciento.
Este escenario implica que una parte considerable de quienes trabajan en el país podría encontrarse fuera de algunos de los mecanismos directos de supervisión asociados con la reforma.
Horarios también tendrán seguimiento electrónico
Otro elemento para conocer las horas realmente trabajadas será el registro electrónico de las jornadas. A partir de 2027, los centros laborales comprendidos dentro de las nuevas disposiciones deberán llevar un control del inicio y término de las actividades de sus trabajadores.
La STPS tendrá que establecer los criterios para determinar quiénes estarán sujetos a esta obligación y las excepciones correspondientes.
La información obtenida mediante estos registros podría ayudar a comparar las horas establecidas legalmente con las que efectivamente cumplen los trabajadores.
La iniciativa plantea que las evaluaciones comiencen junto con la primera reducción de la jornada. De aprobarse en sus términos, el primer reporte tendría que difundirse dentro de los 30 días naturales siguientes al cierre del primer trimestre de 2027.
Con estos informes se pretende que la implementación de las 40 horas pueda evaluarse con datos públicos a medida que avance, en lugar de esperar hasta 2030 para conocer sus efectos en trabajadores y empresas.
