La decisión de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de no acudir a comparecer ante el Senado de la República desató un nuevo conflicto político entre autoridades estatales y legisladores federales, quienes advirtieron posibles consecuencias legales.
El senador de Morena, Ignacio Mier, calificó la negativa como “otra ilegalidad” y aseguró que el estado enfrenta una “brutal crisis institucional”, al considerar que se debilitan los mecanismos de rendición de cuentas y control entre poderes.
En la misma línea, el legislador Óscar Cantón Zetina adelantó que el Senado revisará las vías legales disponibles tras la decisión de la mandataria, incluyendo la posibilidad de acciones jurídicas que obliguen a esclarecer los hechos que motivaron la citación.
La comparecencia tenía como objetivo abordar la presunta participación de agentes estadounidenses en operativos de seguridad en territorio chihuahuense, luego de un accidente carretero ocurrido el pasado 19 de abril en el que murieron dos de ellos tras intervenir en acciones contra narcolaboratorios en la entidad.
En un oficio enviado a la Cámara Alta, la gobernadora argumentó que su inasistencia responde a la necesidad de proteger información confidencial relacionada con investigaciones en curso, así como evitar la divulgación de datos clasificados en materia de seguridad. Sostuvo además que su responsabilidad principal es rendir cuentas a la ciudadanía de Chihuahua, no al Senado.
Campos también informó sobre la creación de una unidad especializada para investigar los hechos, cuyos avances ya fueron remitidos a la Fiscalía General de la República.
La postura de la mandataria fue cuestionada por legisladores de Morena, quienes señalaron que su negativa podría interpretarse como un obstáculo a la transparencia. Integrantes de comisiones como Puntos Constitucionales y Seguridad Pública coincidieron en que el caso podría escalar a un proceso de juicio político si se determina que hubo incumplimiento de obligaciones.
El episodio ha reavivado el debate sobre la presencia de agentes extranjeros en México y los límites de la cooperación internacional en materia de seguridad, así como sobre el alcance de las facultades del Senado para llamar a comparecer a autoridades estatales.
Mientras tanto, el análisis jurídico continúa en la Cámara Alta, en medio de un clima de tensión política que podría marcar un precedente en la relación entre gobiernos estatales y el Poder Legislativo federal.