La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó este jueves la intervención gerencial de CIBanco e Intercam Banco, luego de que ambas instituciones fueran señaladas por el gobierno de Estados Unidos por presuntamente haber facilitado operaciones financieras vinculadas al tráfico de fentanilo. Esta medida extraordinaria responde a una serie de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense, que colocó a los bancos mexicanos bajo restricciones severas conforme a la Ley FEND Off Fentanyl, legislación aprobada en ese país para frenar el financiamiento del narcotráfico y el flujo de opioides sintéticos.
Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), CIBanco e Intercam habrían participado en operaciones que beneficiaron a cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva. En los informes publicados se señalan transferencias millonarias y movimientos de recursos que habrían tenido como destino empresas en China para la compra de precursores químicos. En el caso de Intercam, se mencionan incluso reuniones entre directivos y miembros del crimen organizado. Ante estas acusaciones, el gobierno mexicano actuó a través de la CNBV, que decretó la intervención gerencial con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito. La medida consiste en sustituir temporalmente a los órganos de dirección y representación legal de los bancos afectados con el objetivo de preservar la estabilidad del sistema financiero y proteger a los usuarios. La CNBV dejó en claro que no se trata de una quiebra ni de un cierre, sino de una acción preventiva ante posibles riesgos operativos o legales.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hasta el momento no se han presentado pruebas formales por parte del gobierno estadounidense. “No hay pruebas aún presentadas formalmente. Pero si las hay, actuaremos. No habrá impunidad”, afirmó durante su conferencia matutina. Por su parte, CIBanco e Intercam rechazaron tajantemente las acusaciones. A través de comunicados, ambas instituciones aseguraron que sus operaciones se encuentran dentro del marco legal mexicano, que los fondos de los clientes están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y que continuarán colaborando con las autoridades para esclarecer los señalamientos.
El sistema financiero mexicano, aseguraron la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la CNBV y el IPAB, se mantiene sólido y resiliente. No obstante, la intervención marca un momento de tensión en la relación financiera entre México y Estados Unidos. Las sanciones impuestas por FinCEN entrarán en vigor dentro de 21 días, lo que podría afectar las operaciones internacionales de las instituciones involucradas, especialmente en lo que respecta a transferencias en dólares. Mientras tanto, la CNBV ha iniciado auditorías internas y la Secretaría de Hacienda reconoció que hasta ahora no hay evidencia concluyente de lavado de dinero, aunque sí se han identificado faltas administrativas.
Este caso podría sentar un precedente en la supervisión financiera mexicana y abre un nuevo capítulo en el combate transnacional al lavado de dinero. En las próximas semanas, el avance de las investigaciones y la colaboración entre gobiernos serán claves para determinar la magnitud de las acusaciones y el futuro de ambas instituciones.